Agencia del Estado advierte riesgo de demanda por $1,3 billones si frenan pasaportes con Portugal
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha intervenido de manera decisiva en el proceso judicial que se desarrolla ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando formalmente que no se decreten medidas cautelares contra el acuerdo firmado con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes colombianos.
Alerta sobre litigio internacional de alto impacto económico
Según la entidad estatal, suspender la ejecución del convenio podría desencadenar un litigio internacional de consecuencias económicas devastadoras para el país. La Agencia advirtió específicamente que una eventual suspensión del contrato podría derivar en un proceso arbitral contra Colombia, impulsado por la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal, aliada estratégica del proyecto.
De materializarse este escenario, el país enfrentaría reclamaciones que podrían ascender hasta la astronómica cifra de $1,3 billones, en el marco de un posible arbitraje ante la prestigiosa Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, Francia.
Detalles del convenio cuestionado
El acuerdo que se encuentra bajo escrutinio judicial corresponde al Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025, suscrito entre tres entidades fundamentales:
- La Cancillería de Colombia
- La Imprenta Nacional de Colombia
- La firma portuguesa Imprensa Nacional - Casa da Moeda
El objetivo central de este convenio es implementar un nuevo modelo integral para la producción y personalización de pasaportes en el territorio nacional, con un componente esencial de transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales que beneficiaría directamente a la industria colombiana.
Origen de la demanda judicial
El proceso judicial fue promovido por el abogado Nicolás Dupont, quien solicita la anulación total del convenio al considerar que excluyó injustamente al sector privado nacional mediante un esquema interadministrativo exclusivo entre el Estado colombiano y sus propias entidades.
La demanda examina minuciosamente la legalidad del contrato suscrito a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuestionando los procedimientos y la transparencia del proceso de selección.
Impacto operativo y compromiso de recursos públicos
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló con preocupación que una suspensión afectaría directamente la implementación del nuevo sistema de pasaportes, al impedir elementos críticos como:
- La capacitación especializada y transferencia de conocimiento desde Portugal
- La entrega oportuna de equipos y tecnología avanzada para la personalización de documentos
- La adecuación necesaria de infraestructura para el control de calidad de los pasaportes
Además, la entidad advirtió que se comprometería gravemente la ejecución de recursos públicos, estimados en aproximadamente 255 millones de euros, y se pondría en riesgo significativo el cumplimiento de obligaciones financieras previamente establecidas por el Estado colombiano.
Llamado a garantizar la continuidad del proyecto
Finalmente, la Agencia insistió en que negar las medidas cautelares permitiría mantener en marcha el proceso de modernización del sistema de pasaportes y evitar contingencias jurídicas y económicas de gran magnitud para Colombia.
La decisión final ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá definir con extrema prudencia si suspende o no la ejecución del convenio mientras avanza el proceso judicial, balanceando los intereses de todas las partes involucradas y el bienestar económico nacional.
