Veedores ciudadanos, docentes y egresados de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata de Bucaramanga, conocido popularmente como el Tecnológico, interpusieron una acción de tutela ante el Juzgado Constitucional Judicial de Bucaramanga contra la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Infraestructura. La medida busca que se les garantice el derecho de petición y el acceso a la información pública, que consideran vulnerados por la falta de respuestas claras sobre el estado de las obras de remodelación del plantel.
Detalles de la acción legal
La tutela fue presentada por los docentes Johanna Patricia Luna Rincón, Alirio Sáenz Torres y Mariela Martínez Hernández, junto con el director ejecutivo de la Asociación de Egresados, Sergio Oswaldo Cajías Lizcano. Estos actores han realizado seguimiento al proyecto de remodelación y repotenciación de la infraestructura educativa. El procedimiento legal se deriva de informes periodísticos publicados por Vanguardia el pasado domingo, que evidenciaron supuestas irregularidades en los trabajos de remodelación de este icónico plantel educativo.
Solicitudes de información
Según los accionantes, desde hace varios meses solicitaron información relacionada con las pólizas de la Fase I de las obras de mejoramiento, particularmente sobre la vigencia y el estado de las garantías asociadas al contrato. Entre los documentos requeridos se encontraba copia de un oficio que la Secretaría de Infraestructura presuntamente se comprometió a remitir a organismos de control como la Personería Municipal, la Procuraduría y la Contraloría.
Los veedores aseguran que las respuestas entregadas por la administración municipal han sido parciales, ambiguas y contradictorias, lo que impide conocer con claridad el estado de las pólizas y las acciones adoptadas frente al eventual vencimiento de algunas garantías relacionadas con la calidad y funcionamiento de las obras ejecutadas.
Exigencias de la comunidad educativa
En la tutela también se pide que las autoridades municipales entreguen información detallada y actualizada sobre las pólizas vinculadas al proyecto de infraestructura, incluyendo vigencias, coberturas y estado actual. Además, solicitan explicaciones documentadas sobre posibles vencimientos o falta de activación de garantías, así como las medidas adoptadas para proteger a la comunidad educativa.
Los accionantes solicitaron la vinculación de los entes de control que participaron en una reunión realizada el pasado 18 de febrero en la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en la que también estuvo presente el Consejo Directivo del plantel.
Fundamentos jurídicos
En el documento radicado ante el despacho judicial, los demandantes argumentan que el derecho de petición no se limita a recibir una respuesta formal, sino que obliga a las autoridades a emitir respuestas de fondo, claras y oportunas, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La acción de tutela quedó ahora en manos del juez constitucional, quien deberá determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados y si procede ordenar la entrega de la información requerida.
Antecedentes y próximas acciones
Tras años de denuncias de la comunidad educativa y una serie de informes periodísticos de Vanguardia sobre el crítico estado de las obras en tres colegios públicos de Bucaramanga, la Contraloría convocó para este jueves 21 de mayo una mesa de seguimiento presencial al Convenio Interadministrativo No. 166 de 2023, suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga y Findeter. La reunión se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la Institución Educativa Santander y contará con la participación de representantes de la comunidad educativa de los planteles intervenidos, entre ellos docentes, padres de familia, estudiantes y consejos directivos.
