Contraloría General detecta graves irregularidades en Coralina por manejo de enfermedad coralina
La Contraloría General de la República ha emitido un contundente informe que revela hallazgos fiscales por 4.642 millones de pesos en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), correspondientes a la vigencia 2023-2024. El ente de control fiscal hizo público este martes 17 de marzo los resultados de una auditoría de cumplimiento que ha destapado serias deficiencias en la administración de recursos destinados a la protección de los frágiles ecosistemas coralinos del archipiélago.
Múltiples hallazgos con implicaciones graves
Además de los ocho hallazgos con connotación fiscal ya mencionados, la Contraloría estableció otros quince hallazgos con posible incidencia disciplinaria y dos más con posible incidencia penal. Este panorama evidencia un patrón de irregularidades que compromete la gestión de la autoridad ambiental regional en un momento crítico para la conservación marina.
Contrato problemático con Asomucosta
El foco de las irregularidades se centra en un contrato interadministrativo firmado en noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). Este acuerdo tenía como objetivo evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos del archipiélago por la enfermedad de pérdida de tejido coralino, considerada la principal amenaza para los arrecifes del Gran Caribe desde su identificación en el tercer trimestre de 2022.
La Contraloría encontró graves inconsistencias en la ejecución de este contrato, que comprometía directamente la recuperación de estos ecosistemas vitales. La pérdida de estos corales no solo afecta la salud del arrecife coralino, sino que tiene un impacto directo en los servicios ecosistémicos que provee este sistema marino fundamental para la biodiversidad y la economía del archipiélago.
Deficiencias específicas identificadas
Entre las principales falencias evidenciadas por el ente de control se encuentran:
- Deficiencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del proyecto
- Falta de claridad en los materiales y equipos requeridos, afectando la trazabilidad del valor estimado del contrato
- Pagos por ítems no ejecutados, como la contratación de biólogos que finalmente fueron vinculados directamente por Coralina
- Inclusión en la propuesta del contratista de un vuelo y acomodación PIMS (Bahamas-Archipiélago-Bahamas) no contemplado en el estudio previo
Un ejemplo concreto señalado por la Contraloría muestra cómo en el contrato se solicitaba cubrir costos de lancha y operación logística, pero no se especificó el número de lanchas ni la operación logística relacionada, generando ambigüedad en la ejecución y supervisión del proyecto.
Graves debilidades en la gestión
En su informe, la Contraloría fue categórica al afirmar que estos hechos evidencian graves debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento. Estas fallas comprometen la adecuada administración de los recursos públicos y generan afectaciones directas al patrimonio del Estado en un contexto donde la protección ambiental requiere máxima eficiencia.
Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento público de la autoridad ambiental regional sobre los hallazgos dados a conocer por la Contraloría. La situación plantea serias preguntas sobre la capacidad de gestión de Coralina en un momento donde los arrecifes coralinos del archipiélago enfrentan amenazas sin precedentes por enfermedades como la pérdida de tejido coralino.
Este caso se suma a otras preocupaciones ambientales en Colombia, como la destrucción del bosque del Magdalena Medio y los desafíos para llevar más agua a Santa Marta, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión ambiental del país.
