La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría salir fortalecida del necesario debate generado por el informe "Daños invisibles: la violencia contra los animales en el conflicto armado en Colombia" (2017-2026). Este documento, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), no contó con el aval de la magistratura y ha recibido críticas por sus imprecisiones técnicas.
Importancia y críticas del informe
El informe registra más de 100.000 animales afectados, visibilizando una dimensión ignorada del conflicto. Sin embargo, al presentar bajo un mismo marco el bienestar animal, el daño ambiental y la conservación de la biodiversidad, ha generado una ola de críticas desde las ciencias de la conservación, que señalan conclusiones inadecuadas. Es claro que el conflicto armado tuvo enormes impactos ecológicos, sociales y culturales, pero preocupa que algunos argumentos sobre biodiversidad no resistan un análisis técnico.
Dos instancias dentro de la JEP
Es crucial diferenciar dos escenarios dentro de la JEP. La UIA tiene funciones de investigación acusatoria, especialmente cuando los presuntos responsables no reconocen verdad plena. No cuenta con capacidades en temas ambientales, por lo que requiere insumos externos suficientes. Por otro lado, la Comisión Territorial y Ambiental (CTA) es una instancia técnica que acompaña a la magistratura en la identificación de daños ambientales y territoriales. Su trabajo entiende el daño ambiental como un fenómeno complejo asociado a procesos históricos de ocupación territorial, economías ilegales y debilidad institucional.
La paradoja de la paz y la conservación
Hace más de dos décadas, la ecóloga colombiana Liliana Dávalos planteó una pregunta provocadora: ¿podría la paz resultar peor para la conservación que la guerra? Su tesis sobre una "conservación armada" no romantiza a los actores armados, sino que señala que ciertas formas de control territorial limitaron la expansión de la frontera agropecuaria y la colonización. Cuando estos regímenes colapsan sin una transición hacia un gobierno civil efectivo, se acelera la destrucción. Los sistemas territoriales funcionan mediante relaciones complejas donde intervienen actores armados, mercados, políticas públicas y dinámicas globales.
La ciencia como indispensable
La discusión ambiental en la justicia transicional debe seguir abierta. La paz completa exige establecer un marco claro del uso del conocimiento, alineado con la ponderación de los valores en juego. Los deberes siguen siendo tácitos e imprecisos para orientar políticas públicas. Es imperativo que los informes judiciales mejoren el manejo de la información. La magistratura tiene la potestad de sopesar los insumos para producir una verdad judicial orientada a la reconciliación.
Así, la JEP saldría fortalecida de este debate mediante la diferenciación de sus instancias y una reflexión ampliada. No solo está en juego la verdad judicial, sino que este mecanismo transitorio establece la ruta para las rendiciones de cuentas en lo político, en la relación de los humanos con la Naturaleza.
