En respuesta a una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena ha emitido un fallo que ordena a diversas entidades adoptar medidas urgentes para detener las ocupaciones ilegales y los rellenos en áreas de bajamar que están deteriorando el ecosistema de la Ciénaga de la Virgen, especialmente en la zona norte de la ciudad.
Entidades involucradas en la orden judicial
La orden se dirige específicamente a la Alcaldía de Cartagena, la Dirección General Marítima (Dimar), la Corporación Autónoma Regional de Canal del Dique (Cardique) y la Policía Nacional, cada una dentro de sus competencias. El juez determinó que se han vulnerado los derechos a la vida digna, al trabajo, al mínimo vital, a la salud, al saneamiento ambiental y al ambiente sano de la comunidad de Villa Gloria, una vereda del corregimiento de La Boquilla, afectada por la degradación de este cuerpo de agua. Los derechos fueron tutelados de forma transitoria por cuatro meses, ya que la problemática requiere medidas estructurales que deben ser abordadas mediante una acción popular, la cual deberá presentarse en ese período.
Degradación ambiental persistente en la Ciénaga de la Virgen
En la tutela, la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena advirtió sobre una omisión estructural de las autoridades para frenar el daño ambiental causado por ocupaciones ilegales, rellenos en zonas de bajamar y tala indiscriminada de manglar. El juez, al evaluar los informes de las autoridades, corroboró que, aunque se han realizado acciones, el deterioro persiste y las ocupaciones continúan, por lo que las respuestas institucionales han sido insuficientes.
“La Ciénaga de la Virgen viene siendo objeto de una afectación ambiental persistente, progresiva y estructural, asociada a ocupaciones ilegales, rellenos en zonas de bajamar, tala de manglar y ocupación de bienes de uso público, situación que ha sido reconocida incluso por varias de las propias autoridades accionadas y por los intervinientes que acudieron al trámite. En ese sentido, el expediente muestra coincidencia institucional respecto de la existencia, gravedad y persistencia del daño, así como sobre la insuficiencia de las respuestas desplegadas hasta ahora”, señala el fallo.
Órdenes específicas para las autoridades
En la sentencia se ordena al Distrito de Cartagena, en coordinación con las demás entidades, instalar en un plazo de 15 días una mesa interinstitucional de carácter obligatorio, con participación de la comunidad afectada, para evaluar integralmente la problemática ambiental. Asimismo, se exige definir un plan de acción concreto, verificable y con cronograma, orientado a contener el daño ambiental, recuperar las áreas afectadas y prevenir nuevas intervenciones ilegales, junto con la determinación de responsabilidades específicas por entidad y mecanismos de coordinación efectiva. Finalmente, se ordenó a la Personería Distrital de Cartagena ejercer vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las actuaciones administrativas, policivas y ambientales relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas.
