Manifestaciones se intensifican en el peaje de Turbaco exigiendo su desmonte
Las protestas en el peaje de Turbaco, ubicado en el Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, continúan sin tregua este domingo 19 de abril. Por segundo día consecutivo, ciudadanos y miembros del Comité No Más Peajes se han concentrado para exigir el desmonte definitivo de esta estación de cobro, en medio de una creciente incertidumbre sobre su futuro.
Incertidumbre institucional alimenta las protestas
La inconformidad ciudadana ha aumentado durante el proceso de reversión del corredor, actualmente operado por la concesión Autopistas del Caribe. Los manifestantes señalan que la falta de claridad sobre el destino del peaje ha generado nuevas jornadas de movilización. Esta situación se agravó tras una respuesta del Instituto Nacional de Vías (Invías), donde la entidad indicó que aún no existe certeza sobre lo que ocurrirá con la estación cuando pase a manos del Estado.
El Instituto explicó que primero deben realizarse evaluaciones técnicas dentro de la etapa de reversión, prevista para finalizar en julio de este año. Solo después de este proceso habría mayor claridad sobre el futuro del peaje, lo que ha generado frustración entre los protestantes.
"No hay claridad ni decisiones de fondo"
Durante el inicio de las protestas el sábado 18 de abril, Ángel Barreto, integrante del Comité No Más Peajes, denunció una desconexión entre las entidades del Gobierno. Incluso señaló que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no tendría conocimiento sobre un eventual desmonte del peaje.
"Miramos si están jugando con el pueblo o si hay alguna desconexión. Pedimos una mesa técnica con autoridades, gobernador, alcaldes, ANI, Invías y la ministra de Transporte para tomar decisiones de fondo", afirmó Barreto durante su intervención.
El manifestante también cuestionó las inversiones recientes en la infraestructura del peaje: "Ahora mismo están modernizando las estructuras. No invierten en las vías, pero sí en las casetas de cobro y esto no lo vamos a permitir".
Propuesta ciudadana para el corredor vial
El Comité No Más Peajes ha presentado una propuesta concreta: que en todo el Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla solo operen dos estaciones de cobro:
- Una en Bolívar, que podría ser la de Gambote
- Otra en el Atlántico
Esta medida, según los manifestantes, garantizaría el mantenimiento vial necesario mientras reduce la carga económica para los usuarios.
Actualmente, en el peaje de Turbaco el cobro está suspendido para vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas y buses), pero las demás categorías continúan pagando la tarifa vigente.
Contexto de la reversión de Autopistas del Caribe
La situación actual tiene su origen en la terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, anunciada a finales de 2025 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La decisión fue tomada por mutuo acuerdo ante una demanda presentada por la concesión por los perjuicios sufridos en los últimos años debido a las protestas comunitarias contra los peajes.
Según explicó la ANI en su momento, las pretensiones de la concesión ascendían hasta los $1,2 billones, pero las partes llegaron a un consenso con una transacción que permitió ahorrar al Estado hasta el 63% de lo reclamado.
En enero de 2026 se inició formalmente la etapa de reversión del contrato, que incluye evaluaciones técnicas para determinar el estado de la infraestructura y alistar su entrega al Invías, entidad que quedará a cargo del corredor vial. Se espera que este proceso se complete en julio del presente año.
Frustración por promesas incumplidas
Fidian García, otro de los manifestantes, insistió en la necesidad de revertir el tramo donde está ubicado el peaje y cuestionó el cumplimiento de compromisos gubernamentales: "Vemos falta de voluntad política. Hay promesas de campaña que no se han cumplido en estos cuatro años".
Las protestas en Turbaco reflejan un malestar acumulado que trasciende este peaje específico, apuntando a problemas estructurales en la gestión de infraestructura vial y en la relación entre el Estado y las comunidades afectadas por los sistemas de cobro.
