Protesta de comunidades afrocolombianas paraliza el Centro Administrativo Nacional en Bogotá
Una jornada de manifestaciones protagonizada por comunidades afrocolombianas y campesinas del norte del Cauca generó bloqueos y agresiones en Bogotá, resultando en la retención de aproximadamente 1.500 funcionarios del Gobierno Nacional durante más de seis horas en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN).
Incidentes violentos y alteración del orden público
La protesta, que comenzó en la mañana del 16 de febrero de 2026, incluyó incineración de neumáticos, agresiones físicas a ciudadanos y bloqueos en múltiples puntos de la capital. Los manifestantes, pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), se habían asentado previamente en la Concha Acústica de la Universidad Nacional sin autorización institucional.
En el CAN, complejo que alberga sedes de numerosas instituciones gubernamentales en la localidad de Teusaquillo, se registraron escenas de tensión cuando funcionarios intentaban abandonar sus lugares de trabajo. Videos difundidos en redes sociales muestran a empleados del Ministerio de Educación subiéndose a rejas en intentos desesperados por salir, mientras otros trataban de abrirse paso entre empujones de manifestantes.
Motivaciones de la protesta y exigencias al Estado
Según Daniel Fernando Díaz, representante de la Unidad Estratégica de Planeación de ACONC, las comunidades no tenían garantías para permanecer en sus territorios y desarrollaron la movilización para exigir el cumplimiento de acuerdos pendientes con el Gobierno Nacional. Entre las demandas presentadas se encuentran:
- Adjudicación de tierras por parte del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras
- Procesos productivos a través de la Agencia de Desarrollo Rural
- Construcción de soluciones habitacionales por el Ministerio de Vivienda
- Programas de primera infancia del ICBF
- Planes de reparación y restitución de tierras
Los manifestantes también plantearon cuestionamientos sobre la reforma de la Ley 715 de 2001 y la asignación de inversiones del presupuesto nacional plurianual, involucrando a múltiples ministerios en asuntos que van desde conectividad y etnoeducación hasta energías renovables.
Respuesta institucional y gestión del conflicto
La Universidad Nacional activó su Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y solicitó la activación de puestos de mando unificado nacional y distrital. Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, señaló que se afectó deliberadamente el funcionamiento de oficinas del Tribunal de Cundinamarca como método de presión para lograr una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional.
"Lamentamos que no se haya cumplido la reunión entre la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional. Como se trata de instalaciones de entidades del orden nacional, son justamente ellos quienes deben dar la solicitud de intervención a la Fuerza Pública", afirmó Quintero Ardila.
Sin fecha de retorno y diálogo pendiente
Miembros de la comunidad manifestaron que no tienen planteada una fecha de retorno a sus territorios, indicando que mientras el Gobierno Nacional no agote el diálogo y solicite expresamente la intervención policial, las autoridades distritales no tendrían posibilidad de actuar para recuperar los edificios ocupados.
La protesta evidenció las tensiones acumuladas entre comunidades étnicas y el Estado colombiano, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de acuerdos territoriales y de desarrollo que involucran a múltiples entidades gubernamentales.
