Vendedores informales de Bogotá inician protestas indefinidas contra decreto municipal
La Alcaldía de Bogotá dispone de un plazo de seis meses para establecer las zonas específicas donde quedarán prohibidas las ventas informales en la ciudad. Esta medida ha generado una fuerte reacción entre los trabajadores del sector, quienes dependen de esta actividad para su sustento económico.
Una vida dedicada al comercio informal
Esmeralda Moreno, de 53 años, ha consagrado 28 de su vida a las ventas informales en la capital colombiana. Actualmente, se dedica a la venta de comida rápida en el sector de Chapinero, una labor que le permite financiar los estudios universitarios y escolares de sus hijos. Su experiencia refleja la realidad de cientos de familias que dependen de esta economía informal.
La movilización, convocada para el lunes 20 de abril, no tiene una fecha de finalización establecida, según han declarado los organizadores. Los vendedores informales han emprendido una lucha por el espacio público en respuesta al Decreto 117, expedido el pasado 14 de abril por el alcalde Carlos Fernando Galán y cuatro funcionarios de su gabinete.
El decreto que desató la protesta
El Decreto 117 representa un esfuerzo por regular el uso del espacio público en Bogotá, pero ha sido percibido por los vendedores como una amenaza directa a su derecho al trabajo. Los manifestantes argumentan que esta normativa podría limitar severamente sus oportunidades económicas y afectar su subsistencia diaria.
La protesta ha reunido a cientos de participantes que exigen un diálogo con las autoridades municipales para encontrar soluciones que equilibren la regulación del espacio público con el derecho al trabajo. Los vendedores informales insisten en la necesidad de políticas que reconozcan su contribución a la economía local y que ofrezcan alternativas viables antes de implementar restricciones.
Este movimiento social pone de relieve las tensiones entre la formalización urbana y la supervivencia económica de sectores vulnerables. Los próximos seis meses serán cruciales para definir el futuro de las ventas informales en Bogotá y el impacto de las decisiones municipales en la vida de miles de familias.
