Gobierno Nacional avanza en acuerdo condicionado para la paz urbana en Medellín
Horas después de que se conociera la carta de renuncia de Freyner Alfonzo Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre, como uno de los principales voceros de las estructuras criminales en la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, la delegación del Gobierno confirmó que avanza en la firma de un acuerdo condicionado para la paz urbana. Este anuncio se produce en medio de críticas y señalamientos sobre el proceso de diálogo sociojurídico que se desarrolla desde junio de 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí.
La renuncia de Pesebre y la respuesta gubernamental
En su misiva, Pesebre reconoció algunos logros del diálogo, como la reducción histórica de homicidios en el Valle de Aburrá, pero aseguró que el proceso terminó sumido en la improvisación, falta de claridad institucional y ausencia de garantías para los participantes. La senadora y delegada del Gobierno, Isabel Zuleta, respondió a estos señalamientos en entrevista con este medio, aclarando que el Gobierno no dialoga con individuos, sino con estructuras criminales a través de sus voceros.
"El problema de fondo es que el Gobierno Nacional no designa vocerías. Lo que hacemos es reconocer las vocerías que son nombradas por las estructuras con las que hablamos", explicó Zuleta. La delegación conocía la carta desde el 31 de enero, pero enfatizó que, hasta que la estructura no anuncie su retiro o cambio de vocero, Pesebre sigue siendo parte del proceso.
El acuerdo condicionado y su significado
Zuleta detalló que el acuerdo condicionado forma parte del plan de irreversibilidad que se trabaja desde octubre del año pasado. Este acuerdo busca garantizar la continuidad del proceso de paz, independientemente de los cambios de gobierno. "Hacerlo irreversible es para que llegue el que llegue continúe el proceso", afirmó la senadora.
El acuerdo se condiciona a aspectos pendientes del Legislativo, como la ley de sometimiento, pero incluye áreas donde el Ejecutivo tiene discrecionalidad, como:
- Atención a víctimas y memoria histórica
- Programas sociales para integrantes de estructuras que transiten a la vida civil
- Fortalecimiento de decretos para sometimiento individual y colectivo
Críticas y defensa del proceso
Frente a las acusaciones de improvisación, Zuleta defendió la metodología del diálogo, que incluye tres fases claramente definidas y seguimiento diario de homicidios en el Valle de Aburrá. "Para nosotros los hechos hablan por nuestra gestión. Aquí no hay improvisación", sostuvo.
La delegada también respondió a la percepción de que el anuncio del acuerdo buscaba "tapar" las críticas de Pesebre: "Es una manipulación de la derecha. Nosotros tenemos una ruta trazada y seguimos el camino". Zuleta destacó que el trabajo incluye discusiones sobre sustitución de economías ilícitas, un capítulo complejo en una urbe como Medellín.
Próximos pasos y desafíos
Con el Gobierno de Gustavo Petro en su recta final, la delegación acelera el trabajo hacia la firma del acuerdo. Los próximos pasos incluyen:
- Avanzar en compromisos de ministerios como Vivienda, Justicia, Salud y Planeación Nacional
- Discutir borradores de cada capítulo del acuerdo, analizando "cada coma y cada punto"
- Articular acciones de instituciones como el ICBF en prevención de violencias
Zuleta reconoció los desafíos, incluyendo el vacío jurídico por la falta de ley de sometimiento y la incertidumbre política ante las próximas elecciones. Sin embargo, insistió en que el proceso avanza con seriedad y rigor, buscando dejar bases sólidas para la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
