Autoridades del Cauca se pronuncian contra restricciones a misiones humanitarias
El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, junto con la Asamblea Departamental, han manifestado un firme rechazo ante las amenazas y restricciones anunciadas por disidentes de las Farc contra el acceso de organismos humanitarios internacionales a territorios bajo su control en la región. El mandatario regional aseguró que estas entidades contarán con respaldo institucional pleno para continuar sus labores esenciales en el departamento.
Compromiso institucional con la protección de derechos humanos
Durante un pronunciamiento oficial, el gobernador Guzmán destacó el papel fundamental que desempeñan organizaciones como la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) en la protección de la población civil en contextos de conflicto armado. "Todo mi respaldo y compromiso con estas entidades que han protegido y cuidado la vida de la población civil, especialmente en nuestro departamento", afirmó el mandatario.
Guzmán reiteró que la presencia de estas misiones en los municipios caucanos es absolutamente fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. "Estaremos siempre para que prevalezcan estos principios", agregó, enfatizando que desde la institucionalidad se mantendrá un acompañamiento constante para que las organizaciones humanitarias puedan trabajar sin restricciones ni intimidaciones.
Asamblea Departamental se une al rechazo
La Asamblea del Cauca, a través de sus diputados, se sumó de manera contundente a la postura del gobernador, condenando las amenazas y restricciones contra las misiones humanitarias y de verificación de derechos humanos que operan en el territorio. La corporación legislativa advirtió que estas acciones afectan directamente la labor de estos organismos y ponen en grave riesgo a las comunidades, particularmente en zonas de alta vulnerabilidad.
"Estas acciones atentan contra la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades", señalaron los diputados en un comunicado conjunto. Además, hicieron un llamado explícito a los actores armados para respetar la autonomía y el carácter humanitario de estas misiones, garantizando condiciones adecuadas para que continúen su trabajo sin interferencias.
Preocupación de los personeros municipales
La Asociación de Personeros del Cauca (Aspec) también expresó su rechazo al anuncio de restricción, argumentando que la medida afectaría severamente la presencia de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, instituciones consideradas fundamentales para la protección de las comunidades en zonas de conflicto.
Según Aspec, estas organizaciones internacionales cumplen roles cruciales que incluyen:
- Visibilizar las afectaciones a la población civil en contextos de violencia
- Activar mecanismos de prevención ante posibles vulneraciones de derechos
- Fortalecer la respuesta institucional frente a emergencias humanitarias
- Apoyar a las personerías municipales en la atención de crisis y activación de rutas de protección
La organización advirtió que restringir el acceso de estas misiones también limita significativamente la capacidad de las personerías municipales para responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades más afectadas por el conflicto.
Contexto de las amenazas
Los pronunciamientos de las autoridades regionales y organizaciones civiles se produjeron luego de que estructuras del llamado 'Estado Mayor Central' de las disidencias de las Farc, bajo el mando de 'Iván Mordisco', anunciaran limitaciones al ingreso de organismos humanitarios en zonas donde mantienen presencia operativa. Esta decisión ha generado profunda preocupación a nivel regional, especialmente considerando el historial de violencia en el departamento.
El Cauca ha sido escenario de numerosos enfrentamientos y ataques atribuidos a grupos disidentes, incluyendo incidentes con carros bomba durante el año 2025. La situación subraya la importancia crítica de mantener canales abiertos para la acción humanitaria y la verificación internacional en uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia.
