La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su rechazo ante el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en zona rural de Briceño, Antioquia. El organismo internacional solicitó a las autoridades colombianas la implementación de medidas urgentes orientadas a proteger la vida de los periodistas en el país.
Contexto del crimen
Mateo Pérez, director de un medio de comunicación alternativo, fue visto por última vez el pasado 5 de mayo mientras se dirigía a realizar entrevistas sobre el escalamiento del conflicto en la región. Inicialmente reportado como desaparecido, tres días después se confirmó su asesinato a manos de un grupo ilegal, presuntamente las disidencias de las Farc.
El cuerpo del periodista fue recuperado gracias a una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, que lo trasladaron hasta la sede de Medicina Legal en Yarumal, otro municipio antioqueño.
Posición de la CIDH
La CIDH señaló que el asesinato de Mateo Pérez evidencia la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que ejercen su labor los periodistas locales en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. La Defensoría del Pueblo ya había advertido que el municipio de Briceño enfrenta una crisis humanitaria debido a la confrontación entre grupos armados que disputan el control territorial, generando temor generalizado, restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la población civil.
El organismo internacional hizo un llamado a respetar la labor de los reporteros en contextos de violencia, privilegiando el acceso a la información como garantía democrática. Asimismo, advirtió que los ataques contra la prensa en estos territorios no solo buscan silenciar a los periodistas, sino que también generan efectos de intimidación y limitan la libre circulación de la información hacia las comunidades.
Medidas de las autoridades
Las autoridades colombianas ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. Familiares y allegados del periodista exigen justicia, y la CIDH ha instado a que el proceso se lleve a cabo de manera exhaustiva hasta las últimas consecuencias.
La Relatoría concluyó que este hecho de violencia letal ocurre en un contexto político que exige del Estado colombiano adoptar las máximas garantías para el ejercicio libre, independiente y seguro del periodismo en todo el territorio nacional.
