El Gobierno Nacional confirmó que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. Esta medida forma parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.
Detalles del traslado
De acuerdo con la decisión oficial, más de 400 integrantes del grupo armado serán trasladados inicialmente a estas zonas. El Gobierno adelantará la recepción y verificación de los listados entregados por el Clan del Golfo. El comunicado señala que “más de 400 combatientes ingresarán inicialmente a las ZUT de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá, para lo cual se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional”.
Aspectos jurídicos
Para permitir el desplazamiento de los integrantes hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022. Esto incluye la suspensión temporal de órdenes de captura, incluso aquellas con fines de extradición. Antes del ingreso formal, se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.
Llamado a la no instrumentalización electoral
En el pronunciamiento conjunto, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral. Afirmaron: “Seguiremos adelantando las labores necesarias para implementar y desarrollar los compromisos y protocolos aplicables a este proceso, para lo cual es indispensable que como sociedad cuidemos los esfuerzos de paz, impidamos su instrumentalización con fines electorales y respetemos los compromisos de reserva que requiere la construcción de confianza en la búsqueda de una solución dialogada a las violencias”.
Acompañamiento internacional
El encuentro contó con el acompañamiento del Grupo de Países Mediadores, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa.
