El Clan del Golfo, considerado por las autoridades como la principal organización criminal de Colombia, anunció que prohibió a todos sus integrantes participar en actividades políticas o respaldar candidatos de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo. La decisión fue comunicada mientras organismos de control mantienen alertas por posibles riesgos de presión armada y constreñimiento electoral en distintas regiones del país.
Comunicado del grupo armado
A través de un comunicado, el grupo armado señaló que impartió una instrucción directa a sus estructuras internas para impedir cualquier forma de intervención en la campaña electoral. “Queda expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular”, indicó la organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El pronunciamiento también advierte que ningún integrante podrá inducir o presionar a ciudadanos para favorecer aspiraciones presidenciales.
Según el texto, cualquier persona que considere haber sido obligada o intimidada para votar por determinado candidato puede acudir a los mecanismos de verificación establecidos dentro de los acuerdos suscritos en Doha, Catar. La organización criminal mencionó específicamente al Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento, cuya secretaría técnica está bajo responsabilidad de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). El Clan del Golfo sostuvo que allí se podrán presentar denuncias relacionadas con presiones electorales o hechos de constreñimiento político.
Contexto electoral y preocupaciones
El anuncio ocurre en medio de crecientes preocupaciones por la incidencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral colombiano. Organismos de observación y autoridades regionales han advertido sobre amenazas a la libertad de voto en territorios apartados donde persisten economías ilícitas y disputas entre estructuras criminales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha insistido en la necesidad de reforzar los controles institucionales en zonas con presencia del Clan del Golfo y otras organizaciones ilegales. La directora de la entidad, Alejandra Barrios, alertó recientemente sobre el riesgo de presiones contra votantes y restricciones al proselitismo político en regiones bajo influencia armada.
Diálogos de paz y controversia
El Clan del Golfo mantiene actualmente conversaciones sociojurídicas con el Gobierno colombiano dentro de la política de ‘paz total’. Como parte de ese proceso, ambas partes han alcanzado acuerdos para crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de Chocó y Córdoba, donde se prevé la concentración gradual de integrantes de la estructura armada.
En las últimas semanas, el proceso de diálogo también ha generado controversia política. Sectores de oposición y varios candidatos presidenciales cuestionaron la intención del Gobierno de suspender órdenes de captura contra algunos miembros del Clan del Golfo para facilitar su traslado a las zonas de ubicación temporal.
Dimensiones de la organización
De acuerdo con estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Clan del Golfo tendría cerca de 10.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Sus principales fuentes de financiación provienen del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes, actividades que le han permitido consolidar presencia en centenares de municipios del país.
La organización tiene influencia especialmente en regiones de Urabá, la costa Caribe, el Pacífico colombiano y zonas fronterizas con Venezuela. En medio de la campaña presidencial, las autoridades continúan evaluando posibles amenazas contra candidatos, líderes políticos y ciudadanos en áreas donde operan grupos armados ilegales.
