Fiscales internacionales examinan el cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia
Durante cuatro días consecutivos, una delegación especializada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mantuvo una intensa agenda de trabajo en Bogotá, centrada en evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano después del cierre del examen preliminar en el año 2021. Esta visita técnica se desarrolló bajo el marco establecido por el Acuerdo de Cooperación suscrito ese mismo año y se fundamentó en el principio de complementariedad, manteniendo así a Colombia bajo un riguroso seguimiento técnico periódico por parte del organismo internacional.
Composición y objetivos de la misión internacional
La misión estuvo conformada por dos expertos de alto nivel: Eugenia Valenzuela, quien se desempeña como oficial jurídica de la Unidad de Complementariedad y Sociedad Civil de Asuntos Externos, y Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la CPI. Su presencia en territorio colombiano representa solamente la primera fase de una evaluación técnica más amplia, ya que está programada una segunda visita de mayor nivel jerárquico, que incluirá a fiscales delegados, para los meses de marzo o abril del presente año.
El cierre condicionado del caso en 2021 quedó sujeto explícitamente a la entrada en plena vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al cumplimiento integral del acuerdo firmado en ese momento entre el Gobierno colombiano y la Fiscalía de la CPI, que en ese período estaba encabezada por Karim Khan. Es crucial destacar que el artículo 1 del acuerdo establece de manera inequívoca que, sin perjuicio de la separación de poderes, el Gobierno nacional debe respaldar activamente los procesos judiciales internos —incluyendo la justicia ordinaria, Justicia y Paz y la JEP— sin interferencias de ningún tipo.
Posición de la JEP y asuntos pendientes
"Les contestamos todas las inquietudes sobre las sentencias y su cumplimiento efectivo. También les quedó completamente claro cómo estamos trabajando en estrecha articulación con el gobierno. La visita resultó sumamente provechosa porque, desde la JEP ante la Fiscalía de la CPI, se le recordó al Gobierno sus compromisos adquiridos", manifestó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
En este contexto específico, la JEP aprovechó estratégicamente la visita para reiterar varios asuntos pendientes que competen directamente al Ejecutivo nacional. Entre estos puntos críticos se encuentran:
- La expedición urgente de un decreto —que lleva aproximadamente diez meses en discusión— destinado a definir con precisión las condiciones de salud, seguridad social, cobertura de riesgos, habitabilidad y protocolos de seguridad para las personas sancionadas.
- La necesidad imperiosa de asegurar la financiación adecuada y sostenible de las sanciones propias impuestas por la jurisdicción.
Otro aspecto fundamental planteado durante las reuniones fue la definición, por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), de un nuevo mecanismo de monitoreo internacional específico para las sentencias de la JEP. Esta necesidad surgió después de que la Misión de Verificación de la ONU ajustara su mandato y dejara de cumplir esa función específica de supervisión.
Agenda de trabajo y encuentros clave
El magistrado Alejandro Ramelli explicó en detalle que la delegación internacional sostuvo un desayuno de trabajo extenso con los presidentes de salas y secciones de la JEP, quienes presentaron exhaustivamente los avances alcanzados durante 2025 y lo proyectado estratégicamente para 2026. Además, se llevaron a cabo reuniones privadas y confidenciales con los magistrados encargados específicamente de las sentencias contra el antiguo secretariado de las Farc-EP y contra doce militares retirados.
Reconocimientos y compromisos internacionales
La Corte Penal Internacional destacó positivamente los avances significativos del modelo colombiano de justicia transicional, entre los cuales se encuentran la emisión de las primeras sentencias, el aumento considerable en los autos de imputación y el cierre formal de la fase de investigación del Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las Farc-EP. Reafirmó, además, su compromiso institucional de seguir apoyando el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de su mandato y recursos disponibles.
El mensaje central transmitido durante los encuentros —a los que asistieron representantes de entidades como la Unidad de Búsqueda, los ministerios de Justicia, Hacienda, Defensa e Igualdad, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos— fue claro y contundente: la CPI continúa verificando meticulosamente el cumplimiento del acuerdo suscrito.
La CPI destacó los avances del modelo colombiano y reafirmó su apoyo dentro de su mandato, pero dejó absolutamente claro que el seguimiento continúa de manera permanente. En aproximadamente dos meses, fiscales de mayor nivel de la Corte regresarán al país para una nueva visita de evaluación.
