Una delegación de alto nivel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) llegó este jueves a Colombia para sostener reuniones con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Cancillería. La visita, que da continuidad a otra realizada en febrero pasado, contó con la presencia de Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la CPI, junto a otros oficiales como Robyn Ann Mani, Jonathan Agar y Eugenia Valenzuela. Este encuentro se enmarca en los planes de trabajo y cooperación que mantiene el tribunal internacional con el Estado colombiano desde el cierre del examen preliminar sobre el país en 2021.
Detalles del encuentro con la JEP
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó a Colombia+20 algunos pormenores de la reunión. "En febrero tuvimos una primera visita, pero esta es con la fiscal Khan, así que es de alto nivel. La idea es contarles los avances de la Jurisdicción, cómo van las sentencias y el monitoreo", afirmó Ramelli horas antes del inicio del encuentro. El magistrado subrayó que la visita no responde a alertas sobre el funcionamiento de la JEP ni a una falta de confianza por parte de la CPI. "Primero vino su equipo técnico, ahora viene la fiscal adjunta, pero es en el marco de los planes de trabajo que tenemos suscritos con la corte. No es que la Corte haya advertido o dicho que la agenda no está funcionando o que esté pasando algo grave. Tenemos muchos temas de cooperación, como talleres sobre violencia basada en género y reclutamiento", señaló.
Agenda en Cancillería y participación de altas cortes
La agenda comenzó en el Ministerio de Relaciones Exteriores con una reunión encabezada por el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir. Según Ramelli, también se esperaba la participación de presidentes de altas cortes y representantes de otros ministerios. La CPI es un tribunal permanente e independiente que juzga a personas por crímenes como genocidio, de guerra y de lesa humanidad, actuando cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren investigar dichos delitos. Este tribunal mantuvo un examen preliminar abierto sobre Colombia desde 2004 hasta octubre de 2021, cuando decidió cerrarlo de manera "provisional y condicionada" al considerar que existía una voluntad real del Estado colombiano de investigar los crímenes más graves del conflicto armado.
Seguimiento de la CPI a la JEP
Ramelli aseguró que la Fiscalía de la CPI ha seguido de cerca las decisiones de la jurisdicción. "La oficina del fiscal se ha leído todas las sentencias", afirmó. Uno de los temas tratados en la reunión fue el sistema de monitoreo de las sanciones propias y de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurativo (TOAR). "Con el tema del monitoreo ya les hemos venido explicando todos los diferentes mecanismos que se complementan para garantizar que las personas que están cumpliendo con sus sanciones efectivamente lo estén haciendo, estén en los lugares y cumplan las decisiones judiciales", dijo. Además, defendió la capacidad de la JEP para hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las sanciones, incluso después de que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia perdiera algunas funciones de monitoreo en octubre pasado por una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Estados Unidos. "Nosotros hacemos un monitoreo 24/7, permanente, que es nuestra competencia. Lo que la Misión de Verificación iba a hacer no era eso, era más un monitoreo estratégico, como una auditoría para ver si funciona y si hay alertas", señaló. Esas funciones ahora están en manos de la Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia y la MAPP-OEA.
Interés en delitos ambientales
Otro tema que despierta gran interés en la CPI, según Ramelli, es el trabajo de la JEP en delitos ambientales. "Nosotros también, de cierta manera, somos un laboratorio para ellos. Les llama mucho la atención que investiguemos todo el tema de los delitos ambientales, porque hasta el momento la Corte Penal Internacional no ha abierto casos realmente de delitos ambientales. Entonces, ellos vienen acá y nos escuchan. Realmente esto es más un diálogo", explicó. Ramelli aclaró que estas visitas no implican un monitoreo judicial como el que existía antes de 2021. "Es más un acompañamiento, es más un intercambio de experiencias", dijo, aunque precisó que el tribunal internacional sigue verificando que se cumplan las condiciones pactadas con el Estado colombiano tras el cierre del examen preliminar. "Hay un seguimiento en el marco de ese acuerdo, pero no tiene la intensidad ni las dimensiones del antes del 2021, cuando había un proceso", concluyó.
