Lo que comenzó como una protesta por una ley de tierras ha escalado hasta convertirse en una crisis política que pone contra las cuerdas al presidente boliviano, Rodrigo Paz. Un grupo de opositores antigubernamentales fue captado este 18 de mayo al enfrentarse con la policía en el centro de La Paz, Bolivia, según imágenes de EFE.
El origen de la crisis: un cóctel de demandas sociales
La crisis no nació de un solo evento, sino de la acumulación de tensiones. La chispa inicial fue la Ley 1720, que campesinos e indígenas rechazaron por considerar que favorecía la concentración de tierras. Aunque el presidente Paz la derogó el 13 de mayo, el malestar ya estaba instalado. A esto se sumó el reclamo económico: la Central Obrera Boliviana (COB) capitalizó el descontento ante una inflación galopante que cerró 2025 en 20,4% y exigió un aumento salarial del 20%, rechazado por el Ejecutivo.
De la protesta a la crisis política
Lo que empezó como marchas sectoriales escaló rápidamente. El 6 de mayo, los sindicatos firmaron un pacto para forzar la renuncia de Paz, acusándolo de “incapaz”. Este punto de inflexión transformó la movilización social en un pulso por el poder, con bloqueos que han paralizado rutas internacionales hacia Perú y Chile.
El factor Morales y la sombra de la inestabilidad
El Gobierno ha señalado directamente al expresidente Evo Morales como el articulador detrás de la conflictividad. La crisis coincide con un momento judicial crítico para Morales, quien enfrenta una segunda orden de captura por un proceso de trata de personas. La marcha de sus seguidores hacia La Paz ha sido el catalizador de los disturbios más graves registrados en la última semana.
Fracaso del desbloqueo y enfrentamientos
El Gobierno desplegó el 16 de mayo una operación policial y militar para abrir un “corredor humanitario” en algunas carreteras, pero los campesinos retomaron los bloqueos tras enfrentamientos en las rutas y en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. La tensión aumentó el lunes 18 de mayo, cuando la marcha afín a Morales ingresó a La Paz y participó junto a otros sectores en protestas violentas que causaron numerosos destrozos en instalaciones públicas y privadas. Los choques entre policías y manifestantes se saldaron con más de 120 detenidos, de los que 90 fueron liberados después.
Reacciones internacionales: entre el “golpe” y la “insurrección”
La polarización ha trascendido las fronteras bolivianas. Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio, calificó las protestas como un intento de desestabilización contra un “gobierno constitucional legítimo”. Argentina, Chile y Paraguay siguieron una línea similar. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó los hechos de “insurrección popular”, lo que derivó en una ruptura diplomática con la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz. Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, según informó EFE.
