Dos días después del asesinato de dos coordinadores de la campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria denunció nuevas amenazas de muerte contra otros miembros del equipo político. En un comunicado oficial, la agrupación que respalda al candidato presidencial señaló que han recibido mensajes intimidatorios de manera sistemática en distintas regiones del país.
Denuncian silencio institucional
Defensores de la Patria afirmó que las amenazas no son rumores, sino hechos documentados con capturas de pantalla y números de origen identificados. El comunicado critica que, hasta el momento, los crímenes de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona no han sido esclarecidos ni hay capturas. “Ese silencio institucional alimenta la impunidad y se traduce en nuevas amenazas”, advierten.
Las víctimas fueron interceptadas por cuatro hombres encapuchados en motocicletas y ejecutadas a tiros cuando regresaban de recoger material publicitario para distribuir en las veredas de Cubarral. La campaña exige a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal inmediata, rastrear el número celular identificado y adoptar medidas legales para proteger a los amenazados.
Exigen esquemas de protección
Además, solicitan a la Policía Nacional la activación inmediata de esquemas de protección para los coordinadores que han sido señalados por nombre y dirección como objetivos. También hicieron un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Unidad Nacional de Protección y organismos internacionales de derechos humanos para que activen mecanismos de vigilancia y seguimiento.
El candidato Abelardo de la Espriella agradeció los mensajes de apoyo de líderes republicanos de Estados Unidos, como Bernie Moreno y Rick Scott, mientras continúa con sus concentraciones en diferentes ciudades. “Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza”, declaró tras los asesinatos en el Meta.
Finalmente, Defensores de la Patria recordó al Gobierno Nacional su obligación constitucional de garantizar la vida y los bienes de todos los colombianos, especialmente durante procesos electorales. “El silencio del Gobierno es un mensaje que las organizaciones criminales están leyendo con claridad”, concluyeron.
