El alto tribunal emitió un fallo que ordena la creación de una Jurisdicción Agraria dedicada exclusivamente a resolver disputas sobre propiedad, uso del suelo y producción agraria. Esta medida, contemplada en el Acuerdo Final de Paz firmado hace diez años, busca atender los conflictos relacionados con la tierra en Colombia.
Declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tierras
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, señaló en rueda de prensa que el fallo tendrá efectos significativos en la política de acceso a la tierra. Según Harman, la decisión facilitará procesos que podrían incorporar hasta 112.000 hectáreas adicionales a la reforma agraria, lo que representa uno de los impactos más relevantes de la determinación judicial en un contexto donde la distribución de la tierra sigue siendo un tema central en la agenda nacional.
“Esta victoria judicial respalda el rumbo de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas en Colombia”, puntualizó Harman. Agregó que actualmente están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria.
Apoyo de la ministra de Agricultura
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respaldó la decisión y subrayó la importancia de contar con herramientas institucionales que permitan ordenar el territorio de manera más eficiente. “La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”, afirmó.
Implementación de la Jurisdicción Agraria
El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.
Finalmente, el director Juan Felipe Harman aseguró que “este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”. A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.
