Fiesta de capos en cárcel de máxima seguridad sacude política de 'paz total'
La revelación de una parranda vallenata del artista Nelson Velásquez dentro de la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí, donde están recluidos cabecillas históricos de estructuras criminales del Valle de Aburrá, ha puesto nuevamente en entredicho la política de 'paz total' del Gobierno. Este escándalo ocurre a pocos meses de finalizar el periodo presidencial, cuando la administración Petro corre contra el tiempo para mostrar resultados concretos en sus procesos de pacificación.
Gobierno suspende espacios de diálogo tras escándalo
La fiesta en el penal llevó al Gobierno Nacional a suspender temporalmente uno de los tres espacios sociojurídicos instalados, junto con los que funcionan en Quibdó y Buenaventura. "Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos", indicó oficialmente el Ejecutivo.
La concejala del Centro Democrático Claudia Carrasquilla Minami cuestionó duramente el incidente: "El Gobierno Nacional les ha dado todas las prerrogativas bajo el pretexto de un diálogo que va a pacificar a la ciudad de Medellín. Y no hay nada que aclarar: ante la ausencia del director, aprovecharon los demás jefes del cuerpo de custodia para permitir el ingreso de esas personas que entraron a la parranda". Para la concejala, el interrogante fundamental es qué estaban celebrando exactamente los capos dentro del penal.
Mesas de diálogo enfrentan crisis de credibilidad
La revelación del escándalo carcelario llegó justo días después de que la delegación gubernamental anunciara avances en el acuerdo condicionado para la paz urbana en la región antes del fin del mandato presidencial. Sin embargo, la política de 'paz total' ha sido objeto de crecientes cuestionamientos ante el evidente fortalecimiento de las estructuras criminales en los territorios.
Según distintas voces críticas, esta situación refleja la falta de una verdadera voluntad de abandonar la actividad delictiva por parte de estos grupos y pone en duda la eficacia de los espacios de diálogo. El monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado colombiano, expresó: "La paz se va construyendo y requiere demostraciones, ejercicios concretos y voluntad permanente para hacerla efectiva. Esa credibilidad se gana cuando los grupos muestran un compromiso decidido de implementar lo acordado".
Procesos clave en situación precaria
Varias mesas de diálogo enfrentan serias dificultades:
- Proceso con 'Calarcá': Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las Farc, tuvo levantadas sus órdenes de captura en 2024 para dialogar, pero dos años después, la Fiscalía considera que hay méritos suficientes para reactivar su persecución. Desde el Gobierno reconocen que una eventual captura de 'Calarcá' sería un golpe fatal para esta mesa.
- Diálogos con la CNEB: La mesa con la disidencia de la Segunda Marquetalia, denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), enfrenta crisis por la muerte de alias 'Machaco' y el eventual ingreso de Andrés Rojas, alias 'Araña', a las Zonas de Ubicación Temporal.
- Frente Comuneros del Sur: Aunque se firmaron protocolos para el funcionamiento de la ZUT en Mallama en enero de 2026, la situación de seguridad en esta zona se ha deteriorado sustancialmente durante el año.
Inestabilidad en espacios sociojurídicos
La fragilidad de la política de 'paz total' se ha hecho especialmente evidente en los escenarios de diálogo sociojurídico, donde el Gobierno negocia con estructuras criminales sin un marco jurídico sólido que permita fijar condiciones claras para su sometimiento a la justicia. En estos espacios participan desde capos de Medellín hasta grupos como los Shottas y Espartanos en Buenaventura, Los Mexicanos en Quibdó, e incluso estructuras de mayor alcance como el 'clan del Golfo' y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
De hecho, mediante la Resolución 070 de 2026, el Gobierno revocó la suspensión de órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', jefe del 'clan del Golfo', debido a que no se inició la ubicación gradual de combatientes en las Zonas de Ubicación Temporal proyectadas desde marzo de 2026.
Con el calendario electoral encima y sin marcos jurídicos definidos, muchos procesos de la 'paz total' amenazan con naufragar, mientras el escándalo de la fiesta en la cárcel de Itagüí evidencia las profundas contradicciones y desafíos que enfrenta esta política de pacificación.
