Figuras de 'paz total' bajo la lupa: Caso 'Papá Pitufo' reaviva debate sobre beneficios a negociadores
La polémica propuesta que habría hecho Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al abogado de alias 'Papá Pitufo' para incluir a Diego Marín dentro del marco de la paz total ha puesto nuevamente bajo escrutinio el uso que el Gobierno le ha dado a las figuras excepcionales contempladas en la Ley 2272.
Herramienta de diálogo convertida en mecanismo cuestionado
Lo que nació como una herramienta para facilitar diálogos con grupos armados hoy enfrenta crecientes cuestionamientos por su aplicación en casos que, según críticos y analistas, desbordan los límites de la política de paz total. "Es más, si ya está aquí metido en el cuento (...) hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues, hermano, la extradición ya no es igual...", dijo Lemus en grabaciones reveladas por Caracol Radio.
Esta declaración ha reavivado el debate sobre el uso de figuras contempladas en la paz total. Henry Cancelado, analista de seguridad y defensa, resume la preocupación: "Hay un abuso político; me refiero al uso de la figura de 'gestores de paz' o 'negociadores de paz', pues no queda claro hacia dónde van en ese proceso".
Casos emblemáticos que generan controversia
Uno de los casos más polémicos es el de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', líder de una disidencia de las FARC. Aunque mantiene suspendida su orden de captura por decisión del presidente Gustavo Petro en el marco de la paz total, ha sido señalado por la Fiscalía de:
- Ampliar disputas con otros grupos armados
- Cometer delitos de lesa humanidad como reclutamiento de menores
- Actuar como vocero de negociaciones mientras presuntamente mantenía actividades ilícitas
Varios analistas advierten que la figura de gestor de paz estaría siendo utilizada como un mecanismo que termina beneficiando no solo a individuos concretos, sino también a las organizaciones a las que pertenecen, gracias a la suspensión temporal de órdenes de captura o a esquemas de libertad condicionada.
Problemas identificados por expertos
Para el analista político Juan Sebastián Jiménez, el problema radica en el uso expansivo y poco preciso de estas figuras. "Ha habido un exceso por parte de este gobierno con las figuras de los gestores de paz", señala, identificando dos efectos principales:
- Confusión institucional: Las autoridades no tienen claro los roles, límites y atribuciones de estos gestores dentro de los procesos.
- Desconfianza ciudadana: La presencia de actores armados o narcotraficantes bajo esta figura genera dudas sobre su compromiso real con labores de mediación.
A esto se suma la escasa efectividad de los resultados. Durante el mandato del presidente Petro se han nombrado más de 75 gestores de paz, según información obtenida mediante derecho de petición a la Presidencia, pero los avances tangibles en varios procesos han sido mínimos. De ese total, 52 personas obtuvieron beneficios mediante recursos interpuestos ante el INPEC.
Episodios que alimentan la controversia
La semana pasada, a 23 capos se les suspendió la orden de captura por petición del Gobierno, aunque a 16 de ellos la Fiscalía les reimpuso la medida. Para Germán Valencia, profesor de la Universidad de Antioquia, la controversia en Medellín surge porque varios nombrados como gestores de paz son personas ampliamente identificadas como cabecillas criminales, algunos incluso condenados y privados de la libertad.
También ha sido ampliamente cuestionado el caso del 'Zarco Aldinever', de la Segunda Marquetalia, quien gozaba del beneficio de suspensión de orden de captura mientras, según investigaciones, su estructura planeaba el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
Posición institucional y marco legal
La Fiscalía ha precisado que la norma a la que apeló el Gobierno para conceder estos beneficios "opera como medida excepcional y transitoria y tiene como único objetivo permitir que las autoridades adelanten conversaciones con las personas que el Presidente ha designado como voceros de una organización ilegal".
Sin embargo, el ente acusador reiteró que ello no exime el deber legal de informar a las autoridades competentes por qué debe levantarse la orden de captura y cuáles son los argumentos explícitos para ello, tal como lo estableció la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad parcial de la ley de paz total.
Pérdida de credibilidad y límites desdibujados
Jiménez advierte una pérdida de credibilidad de la política misma: ya no es claro en qué casos procede la figura, bajo qué condiciones se otorga ni cuál es la coordinación efectiva entre la Presidencia y la Fiscalía. Más que fortalecer la arquitectura de la paz, los casos recientes han profundizado la percepción de que algunas herramientas jurídicas contempladas en la Ley 2272 se han venido utilizando más allá de la paz, desdibujando sus límites y erosionando su legitimidad pública.
"Lo que pasa en este gobierno es que no se diferencia el sometimiento de la negociación. No parece estar claro, por un lado. Y, por el otro, no quiero meter a todo el mundo en la misma bolsa. Las pandillas de Buenaventura son diferentes al ELN en Arauca", concluye Cancelado, reflejando la complejidad del debate que sigue vigente en la política de paz colombiana.
