A pocos meses de que Colombia cumpla una década desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el país enfrenta una nueva transición política en medio de persistentes desafíos para consolidar lo pactado. Aunque el acuerdo de 2016 permitió el desarme de una de las guerrillas más grandes del continente, abrió espacios de participación política y creó una arquitectura institucional para reformas históricas, la violencia en regiones, los asesinatos de firmantes y líderes sociales, las dificultades presupuestales y los cambios de rumbo entre gobiernos han frenado parte de su implementación.
En diálogo con Colombia+20, Ángela Ramírez, directora ejecutiva de la Iniciativa Barómetro de Colombia —parte del Instituto Kroc, encargado de verificar y monitorear el Acuerdo Final—, hace un balance de estos casi 10 años. Habla de avances irreversibles, cuellos de botella y los riesgos ante la llegada de un nuevo gobierno en 2026. Ramírez alerta sobre la necesidad de blindar financieramente el Acuerdo y entenderlo como una hoja de ruta para problemas estructurales como la desigualdad rural, la exclusión política y la débil presencia estatal en territorios afectados por la guerra.
¿Cómo ha cambiado el país y cómo va la implementación global?
Vemos un país transformado en al menos tres aspectos. Primero, hoy existe mayor apertura política y democrática: las Farc dejó cerca de 9 mil armas y se convirtió en partido político, mientras gobernaron tres administraciones de expresiones políticas muy diferentes. Segundo, se consolidó una arquitectura normativa e institucional para la implementación, que mantiene viva una agenda sobre las transformaciones que requiere el país, incluso con el recrudecimiento del conflicto con otros actores armados. Tercero, hoy tenemos una sociedad más informada sobre el conflicto armado, lo que abre caminos hacia la convivencia, la reconciliación y la no repetición. En general, el Acuerdo no ha dejado de implementarse pese a las dificultades.
¿Cuál es el principal cuello de botella?
El principal cuello de botella ha sido implementar el Acuerdo bajo el principio de integralidad. El Acuerdo fue concebido como un todo interrelacionado, con altos niveles de interdependencia. Esta falta de integralidad se manifiesta en dos problemas: la falta de continuidad, pues cada transición política ha significado interrupciones y cambios de enfoque; y la ruptura de la secuencialidad, ya que muchos compromisos dependen de otros que deben avanzar primero.
¿Cuáles son los avances más sólidos e irreversibles?
Lo irreversible son estos casi 10 años de implementación acumulados, con aciertos y errores, que se traducen en vidas que no se perdieron y proyectos de vida que se reconstruyen. Esto representa un aprendizaje colectivo que no se puede borrar. En términos materiales, hay pocos compromisos imposibles de cumplir; su cumplimiento sigue siendo viable con voluntad política y disposición financiera. El Acuerdo de Paz de Colombia es uno de los más comprensivos del mundo e implicó la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente.
¿Cuál fue el momento más crítico?
Es difícil identificar un solo momento crítico, pero mencionaría los asesinatos de firmantes, defensores de derechos humanos y líderes sociales, que golpearon la confianza en el proceso. La pandemia también fue un punto de inflexión: dispersó esfuerzos y presupuestos, y generó una ventana de expansión para disidencias y otras estructuras armadas. La transición política de 2026 será otro momento crítico. Por eso, desde el Instituto Kroc insistimos en priorizar la agenda del Acuerdo durante este periodo.
¿La implementación está en riesgo presupuestal?
El informe insiste en la financiación porque garantizar recursos suficientes y sostenidos es indispensable. La implementación requiere capacidades institucionales, presencia territorial y continuidad, lo que solo es posible con una apuesta presupuestal clara. Hoy, Colombia enfrenta restricciones presupuestales y la cooperación internacional también se contrae. El riesgo existe, pero también hay oportunidad: este momento de transición puede servir para consolidar la implementación como prioridad presupuestal del Estado.
¿Impacto de los problemas de seguridad en la implementación territorial?
Los problemas de seguridad han tenido un impacto muy significativo. A nivel institucional, las restricciones han limitado la capacidad de entidades del Estado y organizaciones para llegar a territorios rurales. Grupos armados han consolidado control, regulando la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad y presiones sobre organizaciones campesinas. A nivel más profundo, los asesinatos de líderes y firmantes han debilitado procesos organizativos y espacios de veeduría social fundamentales.
¿Cuál es la principal deuda del gobierno Petro?
La implementación que recibirá el próximo gobierno es resultado acumulado de tres administraciones. Una deuda principal es la dificultad para construir consensos políticos e institucionales que permitan impulsar reformas centrales. Compromisos como la Jurisdicción Agraria, la reforma político-electoral o el tratamiento penal diferencial siguen pendientes. También persisten desafíos en garantías de seguridad y en la implementación transversal de enfoques de género y étnico, con rezagos en Planes Integrales de Reparación Colectiva.
¿Cómo interpretan la contradicción en la adjudicación de tierras?
La aparente contradicción se entiende diferenciando el avance frente al desempeño histórico previo y frente a las metas estructurales del Acuerdo. Es cierto que el actual Gobierno ha adjudicado cifras históricas: entre agosto de 2022 y octubre de 2025 se adjudicaron más de 54.000 hectáreas, el 75% de todo lo adjudicado desde la firma. Pero la meta del Acuerdo es tres millones de hectáreas, por lo que el avance sigue siendo reducido. Además, existen cuellos de botella jurídicos e institucionales: miles de hectáreas entregadas provisionalmente no tienen registro y saneamiento. La Reforma Rural Integral enfrenta problemas estructurales de larga duración.
¿Falló el gobierno al cambiar la arquitectura de implementación?
Es importante reconocer cuánto ha enriquecido la implementación el enfoque técnico y territorial de la Unidad de Implementación. Bajo el liderazgo de Gloria Cuartas, se avanzó en compromisos que enfrentaban dificultades, como la actualización del Plan Marco de Implementación. Con mayores atribuciones institucionales, la Unidad habría podido ampliar su alcance. La falla no estuvo en crearla, sino en no fortalecerla con las herramientas necesarias.
¿Qué mensaje a los aspirantes a la Presidencia?
El Acuerdo Final es un compromiso de Estado con una agenda compleja, pero con expectativas importantes para la paz. No se limita al Sistema Integral para la Paz o la reincorporación; es una hoja de ruta para desafíos históricos como desarrollo rural, participación democrática, presencia institucional y derechos de las víctimas. El llamado es a mirar el Acuerdo no desde disputas políticas, sino desde las oportunidades que ofrece. La implementación no debería empezar de cero cada cuatro años, sino corregir rezagos y fortalecer lo que funciona.
¿El país está olvidando el Acuerdo de Paz?
No creemos que el país haya olvidado el Acuerdo, pero 10 años después ha dejado de ocupar el centro de la agenda política y pública. Es comprensible en un país con múltiples urgencias, pero plantea un reto. Es fundamental que el periodismo, la academia y la sociedad civil promuevan conversaciones informadas sobre la implementación. Vemos el riesgo de que el Acuerdo se reduzca a componentes más visibles, perdiendo de vista apuestas más amplias como desarrollo rural, inclusión política y reducción de desigualdades.
