Gobierno Petro afirma tener recursos para sustitución de coca en zonas críticas
En medio de las tensiones que atraviesa la paz total por la financiación de la erradicación de cultivos de coca, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en que cuenta con los recursos necesarios para sostener la sustitución en territorios críticos como Nariño y Putumayo. La discusión se ha intensificado tras la reciente propuesta de la delegación de Gobierno en el proceso con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Walter Mendoza, para que ese grupo armado asuma parte de esos costos, un planteamiento que ha generado fricciones y dudas considerables.
Defensa de la transición hacia economías lícitas
Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), respondió un cuestionario enviado por Colombia+20, en el que defiende que la transición hacia economías lícitas sigue siendo una apuesta liderada por el Estado, en articulación con las comunidades y los diálogos de paz. Según la funcionaria, el programa RenHacemos y otras estrategias en marcha buscan traducir los acuerdos en intervenciones concretas en el territorio, respaldadas por una inversión de 1,8 billones de pesos y más de 35.000 hectáreas en proceso de sustitución a nivel nacional.
Apoyo a mesas de paz en Nariño y Putumayo
Las características y vulnerabilidad de los territorios en donde se están adelantando mesas de paz, entre ellos Nariño y Putumayo, los ha convertido en lugares en los cuales converge la presencia de economías ilícitas, incluidas las asociadas al narcotráfico como la siembra de cultivos de uso ilícito. Son departamentos que requieren transformaciones territoriales a través de la presencia social integral del Estado, lo cual incluye los programas de sustitución de estos cultivos.
En este contexto, la sustitución de cultivos se ha consolidado no solo como una estrategia central de política pública, sino también como uno de los indicadores mediante los cuales el Gobierno nacional, en cabeza del presidente, evalúa y mide los avances de las mesas de paz en los territorios. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) lidera la implementación de procesos de sustitución con las comunidades en diversos territorios —dentro de ellos estos departamentos y en el primero de ellos la Laguna de Chimbuza— para que estas transiten de manera sostenible hacia economías lícitas, aportando a esa transformación territorial.
Articulación con comunidades locales
Frente a la mesa de paz, cumple un rol de asesor técnico para la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) y sus jefes negociadores, aportando su experiencia para que los acuerdos se traduzcan en intervención efectiva en el territorio. Es así como, a través del programa RenHacemos, la DSCI se articula con los diálogos de paz, apuntando a una intervención integral y coordinada del Gobierno nacional para transformar los territorios donde persisten tanto los cultivos de coca como el conflicto armado.
En zonas como Nariño, incluyendo experiencias como la de la Laguna de Chimbuza, el programa se articula reconociendo y potenciando los esfuerzos previos de las comunidades y actores locales que han avanzado en procesos de sustitución de manera autónoma. A partir de esos avances, la Dirección integra estas iniciativas dentro del programa RenHacemos mediante procesos de acompañamiento, verificación y fortalecimiento, facilitando su sostenibilidad en el tiempo.
Recursos y presupuesto disponibles
El Gobierno nacional ha priorizado la sustitución de cultivos de uso ilícito como una propuesta eficaz en la lucha contra el narcotráfico de la mano con las comunidades que, como actores de cambio, con cada acción en sus territorios impulsan la transformación territorial, el desarrollo rural y contribuyen en la construcción de paz. Consecuente con esta priorización, se ha contado con 1.8 billones de pesos, recursos que permiten que las más de 35.000 hectáreas vinculadas al programa a nivel nacional avancen en su tránsito hacia economías lícitas.
Esto desmiente las recientes afirmaciones sobre una supuesta falta de recursos para la implementación del programa en el suroccidente del país. El Gobierno nacional cuenta con los recursos necesarios para avanzar en el cumplimiento de las metas planteadas en los procesos de sustitución. No obstante, es importante reconocer que los desafíos en estos territorios responden a décadas de abandono estructural, por lo que cualquier esfuerzo presupuestal siempre resultará exigente frente a la magnitud de las transformaciones requeridas.
Alcance real del programa RenHacemos
Actualmente hay 15.810 familias vinculadas al programa RenHacemos en Nariño y Putumayo —7.995 en Nariño y 7.815 en Putumayo—, con 22.099 hectáreas en tránsito hacia economías lícitas —8.672 en Nariño y 13.427 en Putumayo—. La DSCI tiene un compromiso firme y sostenido con las comunidades que participan en RenHacemos, tanto en territorios con mesas de paz en curso como en aquellos otros en los no se adelantan esas mesas pero sí está implementándose el programa.
Riesgos y beneficios de la participación de actores armados
El involucramiento de actores armados en procesos de erradicación para sustitución de cultivos representa una muestra de un verdadero compromiso por la paz en el marco de escenarios de diálogo y negociación. Son un avance efectivo en la implementación de acuerdos que contribuyen a generar condiciones de tranquilidad en los territorios y especialmente con las comunidades, que son a las que va dirigida la misionalidad de la DSCI.
Su disposición a participar o respetar estos procesos permite reducir tensiones, facilitar la intervención institucional y brindar mayores garantías a las comunidades. En este sentido, las mesas de negociación de paz resultan fundamentales para el avance de los programas de sustitución, ya que permiten alinear voluntades y crear condiciones de seguridad que hacen viables estos procesos.
Además, estos escenarios de paz favorecen una presencia más integral del Estado, no solo en términos de seguridad, sino también en la provisión de bienes públicos esenciales como educación, infraestructura vial y otros servicios que son clave para la transformación social.
