En medio de la expansión armada que lidera el Clan del Golfo y que ha agravado la situación de orden público en diversas regiones del país, el presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra 29 de sus integrantes para facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Esta medida se enmarca en los diálogos que el Gobierno adelanta con dicho grupo bajo la política de paz total.
Suspensión de capturas y traslado a ZUT
La solicitud se formalizó mediante la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, emitida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), que aceptó un listado de 29 personas presentado por el Clan del Golfo. Según el documento, el ingreso a las ZUT, ubicadas en Tierralta y Belén de Bajirá, está previsto para el 25 de junio de 2026. La resolución establece que la suspensión de las capturas se mantendrá durante el desplazamiento de estos hombres, entre los que se encuentra Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo líder del Clan del Golfo.
Esta decisión ocurre en paralelo a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la expansión del grupo armado y su influencia en amplias zonas del país. Además, se suma la inestabilidad del proceso, evidenciada el pasado 13 de marzo, cuando el mismo Gobierno revocó la resolución que había suspendido las órdenes de captura de “Chiquito Malo” y otros integrantes del grupo delincuencial.
Alertas de la Defensoría del Pueblo
Tan solo en 2026, la Defensoría ha emitido cuatro alertas tempranas por la expansión del Clan del Golfo. Estas alertas no se concentran en una sola región; desde el Pacífico hasta el Caribe, la entidad ha advertido patrones similares de expansión territorial, control de economías ilícitas y disputas armadas.
Risaralda
La primera alerta se emitió en enero para los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría. Según la Defensoría, el riesgo responde a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln, actores con mayor presencia en el departamento. En estos municipios se han presentado vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la movilidad y la seguridad de la población residente y en tránsito, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La entidad señala que el Clan del Golfo mantiene su presencia mediante la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y advierte un aumento considerable de homicidios intencionales con arma de fuego, desplazamientos forzados y confinamientos que afectan principalmente a pueblos étnicos y comunidades campesinas.
Sucre
La segunda alerta fue emitida ante el recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de desplazamientos forzados en el municipio de El Roble. Según la Defensoría, están en riesgo los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, que limitan con Galeras y San Benito Abad, debido a la incidencia del Clan del Golfo en áreas rurales y la cabecera municipal. La ubicación del municipio en la subregión de La Sabana, que conecta las zonas del sur, San Jorge y La Mojana sucreña con las salidas al mar Caribe a través del Golfo de Morrosquillo, lo convierte en un paso estratégico para economías ilegales, particularmente el tráfico de drogas. La entidad advirtió que no se descarta la incursión de otros grupos armados interesados en disputar el control territorial, y que la situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes están en riesgo de reclutamiento.
Bolívar
En enero se emitió la tercera alerta por la expansión del Clan del Golfo en los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar. La entidad advirtió que en esta zona se intensifica la disputa entre grupos armados por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca. El panorama está marcado por la pugna por rentas ilegales derivadas de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Esta situación se agrava por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Eln y la expansión del Clan del Golfo, particularmente a través del Bloque Arístides Manuel Mesa Páez y la Subestructura Frente Erlin Pino Duarte. Las confrontaciones han generado contaminación con minas antipersonal, uso de drones para ataques con explosivos, y presiones contra líderes sociales, miembros de Juntas de Acción Comunal y funcionarios públicos.
Chocó
La alerta más reciente fue emitida el 23 de abril para el municipio de Atrato, en Chocó. La Defensoría alertó sobre el control territorial histórico del Eln sobre comunidades afrocolombianas en zonas rurales del río Atrato; la expansión del Clan del Golfo desde áreas urbanas hacia sectores rurales por corredores fluviales y terrestres; y la llegada de estructuras criminales como Los Mexicanos y Los Zetas. La ubicación geográfica de Atrato lo convierte en un corredor estratégico para la movilidad de grupos armados y el tránsito de economías ilegales, utilizado para transportar armas, municiones, drogas, derivados de coca y personas secuestradas. El Clan del Golfo, a través de su Bloque Pacífico y la subestructura Carreteras, ha extendido su presencia desde el sur de Quibdó hacia la cabecera municipal de Atrato y centros poblados como Tanandó, Villa Lenina, Yuto y Arenal. El interés del grupo en la región está relacionado especialmente con la minería de oro, de donde obtienen recursos mediante cobros extorsivos a propietarios de entables mineros y maquinaria.
Perspectivas del proceso de paz
A la espera de que la Fiscalía suspenda las órdenes de captura a petición del presidente Petro para facilitar el traslado de integrantes del Clan del Golfo a las ZUT, se mantienen las alertas por la expansión territorial y armada de esa estructura criminal en distintas regiones del país. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con los diálogos bajo la política de paz total, la Defensoría sostiene que el grupo continúa fortaleciendo su presencia mediante una guerra sin cuartel que sigue afectando la seguridad de la población.
