Mientras Colombia continúa enfrentando escenarios de deterioro del orden público, marcados por economías ilegales, disputas territoriales y presencia de estructuras armadas, una discusión crucial comienza a tomar fuerza más allá de las estadísticas tradicionales de capturas, bajas o toneladas incautadas. Un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) cuestiona si el modelo actual de seguridad responde a las dinámicas y necesidades de los territorios, y propone una hoja de ruta basada en varios aspectos clave.
Desalineación entre capacidades estatales y violencia contemporánea
El documento, titulado ‘Del combate al control territorial: adaptar la política de seguridad a la violencia contemporánea en Colombia’, plantea una hoja de ruta que podría marcar la agenda del próximo gobierno. El estudio argumenta que existe una “desalineación entre capacidades estatales y dinámicas de violencia”, lo que exige replantear la forma en que el Estado responde a escenarios que ya no operan bajo las mismas lógicas de años anteriores.
Según el análisis de más de 40 páginas, el principal problema de seguridad en Colombia no radica únicamente en las capacidades militares o policiales, sino en la falta de adaptación estratégica del Estado frente a las nuevas formas de violencia. Existe una brecha entre la manera como el Estado ha entendido históricamente el conflicto y la forma como hoy operan los grupos armados en los territorios. Esto ha llevado a que los conflictos sean múltiples y la capacidad de respuesta sea cada vez más reducida e ineficaz.
Indicadores tradicionales ya no reflejan debilitamiento estructural
El informe sostiene que indicadores como capturas, bajas o desmovilizaciones ya no reflejan necesariamente un debilitamiento estructural de los grupos armados. Muchas organizaciones logran reconfigurarse rápidamente tras la muerte o captura de sus líderes, como ocurrió tras las neutralizaciones de ‘Guacho’, ‘Gentil Duarte’, el ‘Paisa’, ‘Jesús Santrich’ y ‘Otoniel’. Según el ICTJ, el verdadero poder criminal ya no depende únicamente de comandantes visibles, sino de redes logísticas, financieras y territoriales mucho más difíciles de desmantelar.
Entre 2017 y 2023, las capturas y muertes en combate frente a grupos armados aumentaron un 61 por ciento, pero al mismo tiempo el ‘clan del Golfo’ creció más de 200 por ciento desde 2016 y expandió su presencia territorial, especialmente en la región Caribe. Las disidencias pasaron de tres estructuras residuales en 2016 a casi 30 en 2024, con 3.859 integrantes distribuidos en antiguos enclaves de las Farc.
Propuesta: reactivar revisión estratégica del sector seguridad
La advertencia gira en torno a una realidad que se repite en distintas regiones del país, donde estructuras armadas, redes criminales y economías ilegales ejercen formas de control local. Por ello, se plantea “reactivar un proceso formal de revisión estratégica del sector de la seguridad”. La recomendación apunta a impulsar mecanismos de planeación ya existentes para redefinir prioridades, convertir esos ejercicios en procesos periódicos y conectar la política de seguridad con estrategias de paz y presencia territorial.
También se cuestiona la manera en que el Estado entiende el control territorial. Las políticas de seguridad siguen equiparándolo con presencia militar, sin entender que los grupos ilegales ejercen poder mediante el manejo de recursos, economías ilegales y relaciones sociales en las comunidades. Un ejemplo es El Plateado, en Argelia, Cauca, donde operaciones militares como Trueno y Perseo no han logrado recuperar plenamente el control territorial a pesar del despliegue sostenido de tropas.
Reorientar inteligencia hacia la judicialización estratégica
La inteligencia aparece en otro capítulo del informe, con un enfoque distinto al tradicional. La propuesta busca “reorientar la inteligencia hacia la judicialización estratégica”, priorizando la identificación de redes económicas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales. Bajo esa línea, los resultados no deberían medirse únicamente por operaciones tácticas, sino también por el impacto en procesos judiciales y condenas.
El informe también habla de “revisar los incentivos internos y los sistemas de evaluación”, con el objetivo de introducir indicadores relacionados con reducción del control armado, permanencia institucional y cooperación con autoridades civiles.
Deterioro humanitario y disputas territoriales
El documento deja por sentado que el deterioro humanitario en regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, y Guaviare responde a disputas entre grupos armados por el control territorial. Cuando un grupo logra consolidarse en el poder local, las confrontaciones pueden disminuir temporalmente, pero la entrada de nuevos actores genera nuevos ciclos de violencia.
La discusión también se mueve hacia el despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía. El informe propone “reorientar el marco estratégico y operativo hacia la protección sostenida de comunidades”, pasando de una lógica de confrontaciones episódicas a otra enfocada en la permanencia institucional y la estabilidad territorial. Para ello, se recomienda revisar doctrinas, indicadores y despliegues desde una perspectiva centrada en impactos sobre las comunidades.
Entre las sugerencias está “adaptar las capacidades militares y policiales a escenarios de control territorial no convencional”, fortaleciendo capacidades para operar en territorios donde confluyen grupos armados y organizaciones criminales.
