Sociedad civil exige rol central en acuerdo de paz con bandas urbanas de Medellín
Sociedad civil exige rol en acuerdo de paz con bandas de Medellín

Movimientos en mesa de paz urbana generan alerta sobre participación ciudadana

Una serie de acontecimientos ha sacudido esta semana el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, generando incertidumbre sobre el rol de las comunidades en las negociaciones con estructuras armadas. La renuncia de Freyner Alfonzo Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre, de su función como vocero de las bandas en la mesa de diálogo, coincidió con el anuncio de un "acuerdo condicionado de paz" que las partes buscan firmar antes del fin del gobierno Petro.

Respuesta de la sociedad civil ante cambios en negociación

Ante estos desarrollos, la Mesa Metropolitana de Paz Urbana del Valle de Aburrá, colectivo que agrupa organizaciones de la sociedad civil, publicó una carta exigiendo al gobierno nacional el reconocimiento de las comunidades como "actor fundamental, legítimo y vinculante" en la construcción de la Paz Total. La misiva respondió directamente a los movimientos en el proceso de negociación que se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí desde junio de 2023.

Carlos Augusto Henao, vocero de la mesa Noroccidental de paz, explicó a este medio que la carta surgió "a raíz del problema, la preocupación y la incertidumbre que nos generó conocer de manera extraoficial y no a través de los canales del Gobierno que había renunciado Freyner". Henao enfatizó que "si se va Freyner, mañana se va a querer ir otro", destacando la importancia histórica de la vocería de Ramírez en este proceso.

Temor por exclusión de víctimas y comunidades

La alerta sobre posibles fracturas en el proceso se suma a la preocupación de que la mesa se construya sin la participación efectiva de las comunidades que durante años han impulsado iniciativas de paz en el territorio. El principal temor radica en que el "acuerdo condicionado de paz" anunciado el lunes por las delegaciones gubernamentales y las bandas urbanas podría dejar fuera mecanismos sustanciales de participación ciudadana y reconocimiento de víctimas.

Henao reveló que la Mesa Metropolitana desconocía los términos específicos de este pacto, que según la senadora y delegada gubernamental Isabel Zuleta, se venía trabajando desde octubre pasado. La carta de la sociedad civil advierte explícitamente que la paz total y la paz urbana "no pueden hacerse como acuerdos entre élites" ni mediante diálogos alejados de los territorios.

Reclamo de rol central y participación efectiva

El documento reclama un papel central para la sociedad civil, declarando: "No somos actores secundarios: somos dolientes del territorio, guardianes de la vida y gestores reales de la transición a la legalidad y la convivencia". Pese a las dudas persistentes sobre el lugar que ocuparán las organizaciones sociales en el acuerdo final, Henao señaló que recibieron el anuncio con una mirada positiva.

"Nosotros celebramos este acuerdo", afirmó el vocero, añadiendo que la delegación gubernamental convocó una reunión para el próximo sábado para socializar los términos del pacto. "Vemos con muy buenos ojos que por fin se hable de un acuerdo en el que como sociedad civil nos van a tener en cuenta, pues a nosotros esto no se puede seguir construyendo como se han construido los pactos de las élites".

Limitaciones actuales de la participación ciudadana

Según Henao, hasta ahora la participación de las comunidades se ha limitado principalmente a facilitar el acercamiento de la delegación gubernamental a los territorios y generar confianza con líderes y organizaciones locales. "Pero no hemos jugado un papel determinante dentro de la mesa", reconoció el vocero, aunque destacó que su participación ha sido "activa y constante".

Entre las contribuciones concretas de la sociedad civil, Henao mencionó propuestas como "cero extorsión, cero fentanilo, cero homicidios", así como la elaboración junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la "Maqueta de Paz", descrita como "toda la locomotora social de proyectos de intervención en los territorios del área metropolitana del Valle de Aburrá".

Vacíos institucionales y proyectos productivos

La carta de la Mesa Metropolitana exige específicamente que "el Estado materialice y garantice la Maqueta de Paz Urbana como instrumento de planeación territorial", corrigiendo "los rezagos institucionales que hoy limitan su implementación efectiva". Henao identificó otro vacío significativo: la falta de consolidación de proyectos productivos.

"Si usted está ya sentado en una mesa de paz, yo no entiendo por qué hoy no hay proyectos productivos encaminados a que esos jóvenes y necesitados puedan avanzar a la par de la mesa", cuestionó el vocero, señalando la necesidad de acciones concretas que acompañen el proceso de diálogo.

Interpretación sobre la renuncia de Carlos Pesebre

La salida de Carlos Pesebre de la mesa ha generado debate sobre el estado real del proceso y sobre si el anuncio del acuerdo condicionado busca contrarrestar las acusaciones del exvocero. Sin embargo, Henao ofrece una lectura diferente: "Quizás lo que pasó con la renuncia de Freyner está acelerando el proceso".

"Si ahorita se van a dar los proyectos y las cosas van a salir a flote y las vamos a sacar adelante, maravilloso, porque yo creo que eso es lo único que le falta a la paz", afirmó el vocero, reconociendo que "hay unos errores (en la mesa)" pero valorando positivamente cualquier desarrollo que acelere el proceso.

Compromiso con la paz territorial

El objetivo fundamental, según Henao, debe ser la concreción de la paz en el territorio. La carta de la sociedad civil manifiesta explícitamente que no permitirán que "el sueño colectivo de la paz se diluya o se instrumentalice por intereses políticos o personales".

Finalmente, Henao señaló que el mensaje tiene un propósito político claro: recordarle al gobierno que la sociedad civil es un actor indispensable en la construcción de paz. La carta resume esta posición con una frase contundente: "Nada para nosotros, sin nosotros", reafirmando el compromiso de las comunidades con un proceso inclusivo y territorialmente arraigado.