La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, determinó que Colombia enfrenta una situación crítica en la prevención del reclutamiento forzado de menores de edad. Según el ente de control, el país presenta debilidades estructurales en la implementación de políticas públicas, una reducción significativa de recursos y una baja ejecución del gasto, lo que incrementa el riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Reducción drástica de recursos para la CIPRUNNA
La Contraloría analizó la respuesta estatal frente a la prevención del reclutamiento, uso y violencia sexual contra menores, a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA). Se encontró que los recursos asignados para el periodo 2024-2026 se redujeron a 1.810 millones de pesos colombianos, lo que representa una caída del 83,8 % en comparación con el periodo 2019-2023, cuando se destinaron 12.891 millones. Además, de ese monto anterior, solo se ejecutaron 9.216 millones, dejando sin utilizar 3.675 millones. Para la Contraloría, esto evidencia no solo una reducción de recursos, sino también una falta de capacidad institucional para convertir el presupuesto en resultados efectivos.
Fallos en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
En las visitas técnicas realizadas al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), se evidenció que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios están incompletos, lo que limita la atención oportuna e integral a los casos de vulneración de derechos. Asimismo, en la modalidad institucional de primera infancia del ICBF se detectaron fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos. Se registraron 1.488 alertas en 2022 y 1.458 en 2024, pero en 2023 solo se reportó un caso, lo que sugiere posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad.
Concentración del gasto en zonas urbanas
Otro hallazgo relevante es la concentración del gasto en modalidades de atención en zonas urbanas, mientras que las estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario en áreas rurales enfrentan limitaciones de financiación y cobertura. Esto perpetúa un modelo de atención que no responde de manera sostenible a las realidades territoriales, según la Contraloría.
Ante este panorama, el contralor general hizo un llamado a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así como a las autoridades nacionales y territoriales, para que sumen esfuerzos y fortalezcan sus capacidades, con el fin de que cada peso invertido se traduzca en protección real y verificable para la niñez. El ente de control advirtió que actuará cuando el gasto público no cumpla su objetivo, garantizando los principios de eficacia y eficiencia.
