En Pereira, los familiares de un adulto mayor denunciaron que el cuerpo de su ser querido estuvo cerca de 48 horas dentro de un vehículo funerario mientras distintas entidades definían quién debía realizar el procedimiento médico legal necesario.
La Personería de Pereira fue la encargada de dar a conocer la situación, señalando posibles fallas en la coordinación institucional. Además, advirtió sobre las consecuencias que este tipo de hechos puede generar tanto para las familias como para los sistemas encargados del manejo de estos casos.
Detalles del caso
El cuerpo de la víctima fue hallado el pasado 11 de mayo en su vivienda. Sin embargo, las circunstancias del deceso impedían confirmar de inmediato una muerte natural. Según la reconstrucción del Ministerio Público, durante la valoración inicial surgieron elementos que requerían una revisión especializada desde el ámbito forense.
Entre los factores señalados estaban la ausencia de antecedentes clínicos recientes, la presencia de sangrado por nariz y boca, y algunos indicios relacionados con un posible consumo de sustancias psicoactivas. Ante ese panorama, era necesaria una necropsia médico legal para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
No obstante, el procedimiento se convirtió en un recorrido entre diferentes instituciones. Según relataron los familiares, el cuerpo fue trasladado entre el Hospital Universitario San Jorge, la ESE Salud Pereira y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sin que ninguna de las entidades realizara el debido proceso.
Intervención de la Personería
Mientras se resolvía la situación, el cadáver permaneció dentro de un vehículo funerario estacionado, lo que aumentó la angustia de los allegados y generó preocupación por las implicaciones sanitarias de la demora.
El personero Leonardo Fabio Reales Chacón cuestionó lo ocurrido y aseguró que el episodio evidenció problemas de coordinación institucional. "Estamos ante un paseo de la muerte frente a casos forenses", afirmó. El funcionario también advirtió que la situación es más grave si se considera que existen protocolos establecidos para estos procedimientos. En sus declaraciones señaló que "las instituciones deben trabajar articuladamente para que estas situaciones no sean reiterativas".
La Personería activó una intervención inmediata ante la Fiscalía General de la Nación, autoridades sanitarias y centros asistenciales vinculados al proceso. Posteriormente, una gestión realizada ante la URI permitió continuar con el caso y ordenar la realización de la necropsia necesaria para autorizar la entrega del cuerpo a los familiares.
Los hechos evidenciaron la falta de coordinación entre entidades judiciales, sanitarias y forenses, especialmente en procedimientos que ocurren en momentos de alta sensibilidad para las familias.
