El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme gubernamental, José Manuel Restrepo, envió un documento a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio solicitando que el Ministerio de Relaciones Exteriores se abstenga de realizar nombramientos en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular de la Planta Externa hasta el 7 de agosto de 2026.
Denuncia sobre designaciones en curso
En la carta, Restrepo afirmó que el Equipo de Empalme tiene conocimiento de que la Cancillería estaría tramitando la designación de varios funcionarios actualmente vinculados a cargos directivos de confianza en esa cartera, en cargos de la Carrera Diplomática y Consular en embajadas y consulados colombianos en el exterior.
Según Restrepo, esta práctica podría vulnerar los principios de mérito, moralidad e igualdad que rigen la gestión del empleo público, conforme al artículo 209 de la Constitución Política.
Fundamentos legales de la solicitud
El vicepresidente electo explicó que "la designación en provisionalidad de personas ajenas a la Carrera Diplomática y Consular en cargos que le son propios únicamente procede cuando, por aplicación de las normas vigentes, no sea posible designar a un funcionario escalafonado".
Restrepo advirtió que desconocer ese mandato, al utilizar la provisionalidad como mecanismo de reubicación de funcionarios de confianza del gobierno saliente ante la inminente terminación de sus cargos, "compromete los principios de mérito, moralidad e igualdad que deben orientar toda decisión de gestión del empleo público, conforme al artículo 209 de la Constitución Política".
Implicaciones fiscales y riesgos patrimoniales
Desde una perspectiva fiscal, Restrepo señaló que "los nombramientos en provisionalidad efectuados sin necesidad acreditada del servicio generan obligaciones presupuestales que el nuevo Gobierno deberá asumir y que, en caso de ser revertidas mediante retiro o reubicación del personal así designado, pueden derivar en reclamaciones administrativas y eventuales procesos de responsabilidad fiscal, circunstancia que la Contraloría General de la República ha calificado como riesgo de detrimento patrimonial en situaciones análogas".
La solicitud busca evitar que el gobierno saliente realice movimientos de personal que comprometan la gestión del nuevo gobierno y generen costos adicionales para el erario público.
