Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que “no se han agotado los recursos internos disponibles”. Esta explicación ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño, sumándose a la postura del Estado de que “no se ha excedido el plazo razonable para su decisión”, a pesar de que han transcurrido más de dos décadas y cuatro de los reclamantes han fallecido.
Antecedentes del conflicto
La afectación se originó en 2003, cuando paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra. Desde entonces, las familias han buscado justicia sin éxito.
Reacción de los representantes legales
Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor realizada como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado colombiano. “Para el Estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva la tierra a la familia de La Teca Turbo”, afirmó.
Decisiones judiciales sin resultados
El proceso ha tenido varias decisiones sin avances concretos. En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció oficialmente el despojo, pero tampoco restituyó. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin resultados hasta hoy. Desde 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce a estas 21 familias como víctimas, sin resultados. Finalmente, en 2025, la sentencia de Justicia y Paz condenó al Bloque Bananero de los paramilitares, pero tampoco devolvió la tierra a estas familias.
