Una encuesta publicada por la organización cívica Hagamos Democracia reveló que el 71,4 por ciento de las personas en Nicaragua cree que las presiones de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, podrían “desembocar en una transición democrática en Nicaragua”, mientras el 28,6 por ciento considera que no. Este sondeo se realizó de forma telemática a través de WhatsApp y Signal entre el 24 y el 31 de marzo, con una muestra de 400 personas en 40 municipios del país centroamericano.
Respaldo a la negociación con aval de Washington
El informe también revela que el 78,2 por ciento de los encuestados respalda una eventual negociación política con la dictadura, siempre y cuando sea acompañada y avalada por Estados Unidos. Para el diario independiente La Prensa, cuya redacción también vive en el exilio, esto evidencia “que la gente tiene confianza en EE. UU.” y confirma que “los nicaragüenses no quieren más violencia, que prefieren el diálogo, la negociación y los acuerdos”.
Contexto regional de presión estadounidense
Desde el regreso de Donald Trump al poder, Estados Unidos ha intensificado su presión en la región. Ejemplo de ello es el caso de Venezuela, donde el pasado 3 de enero se emprendió un operativo militar que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro. A esto se suma la presión sobre el régimen castrista en Cuba, que enfrenta una crítica situación energética agravada por el bloqueo estadounidense al ingreso de petróleo, lo que ha abierto negociaciones entre La Habana y Washington.
Otros casos incluyen la presión de Trump sobre las elecciones en Honduras, los acuerdos con El Salvador para la deportación de migrantes, la alianza con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, los ataques a lanchas de droga en el Caribe y el Pacífico, y los choques diplomáticos con Colombia por diferencias con el presidente Gustavo Petro.
Sanciones recientes contra el régimen de Ortega
Aunque Donald Trump no ha puesto la mirada directamente sobre Nicaragua, su administración ha tomado medidas para aumentar la presión. La semana pasada, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”, en conmemoración de las protestas de abril de 2018. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que “hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que se opusieron a la tiranía”.
Además, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra dos hijos de Ortega y Murillo, cinco individuos —incluyendo al viceministro de Energía y Minas— y siete empresas mineras involucradas en la extracción de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que estas entidades “ayudan a la dictadura a generar fondos y mantener el control político” y están “involucradas en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses”.
Crisis política y social en Nicaragua
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato. Washington ha acusado al Gobierno de Ortega-Murillo de reprimir a los disidentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las continuas violaciones a los derechos humanos y urgió a Nicaragua a restablecer el Estado de derecho, liberar a los presos políticos y cesar la impunidad. Desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, la CIDH contabilizó 355 muertes.
