El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha tomado la decisión de expulsar al encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el país, Ariel Percy Molina Pimentel. Esta medida se adopta como respuesta a la declaración de 'persona no grata' por parte del gobierno boliviano contra la embajadora colombiana Elizabeth García, quien deberá abandonar ese territorio.
Fundamento legal de la decisión
De acuerdo con la Cancillería colombiana, la expulsión se realiza bajo el principio de reciprocidad, amparado en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Dicho artículo permite a un Estado declarar a un agente diplomático como persona no grata sin necesidad de explicar los motivos.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que Colombia no ha buscado interferir en los asuntos internos de Bolivia y reafirmó su compromiso con principios fundamentales como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.
Reacción del gobierno boliviano
La crisis diplomática se desencadenó luego de que el presidente Gustavo Petro realizara declaraciones que fueron interpretadas por Bolivia como una injerencia en sus asuntos internos. Como consecuencia, el gobierno de Luis Arce declaró a la embajadora colombiana como persona no grata, exigiendo su salida del país.
Pese a la tensión generada, la Cancillería colombiana ha manifestado su intención de mantener abiertos los canales diplomáticos y ha destacado los históricos vínculos de fraternidad y cooperación que unen a ambas naciones. Se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir para normalizar las relaciones bilaterales.
Este incidente se suma a una serie de desencuentros entre los gobiernos de Colombia y Bolivia, aunque ambos países han reiterado su deseo de resolver las diferencias a través del diálogo y el respeto mutuo.
