Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Refugiados Sin Fronteras, han lanzado una campaña para impedir la entrada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España durante la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. La iniciativa busca reunir 10.000 firmas y mantener vigentes las sanciones europeas contra la funcionaria venezolana.
Campaña de firmas contra la presencia de Rodríguez
La petición, que ya ha alcanzado 9.300 apoyos en España y otros países europeos, será presentada el próximo jueves tanto en la representación de la Comisión Europea en España como en la sede central del organismo en Bruselas, según informó a EFE Sergio Contreras, presidente de Refugiados Sin Fronteras.
El movimiento de presión internacional surge en vísperas de la Cumbre Iberoamericana, un escenario que podría abrir un nuevo debate sobre el alcance político y jurídico de las sanciones europeas.
Exigencias de las organizaciones
La principal petición de las organizaciones consiste en impedir el ingreso de Rodríguez al territorio español, al considerar que representa a un régimen señalado por vulneraciones de derechos humanos. Además, reclaman que la Unión Europea mantenga las sanciones impuestas contra la funcionaria venezolana.
Según Contreras, esas medidas no deberían flexibilizarse porque Rodríguez habría estado “dentro de la cadena de mando” del chavismo mientras ejerció como vicepresidenta de la República hasta enero pasado, periodo en el que ocurrieron hechos denunciados internacionalmente.
Voz de las víctimas
La campaña también busca que cualquier discusión sobre un eventual levantamiento de sanciones incorpore la voz de personas afectadas por presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El planteamiento pone el foco sobre testimonios de víctimas antes de adoptar decisiones políticas.
Entre los hechos denunciados por los firmantes figuran “detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, degradantes, inhumanos y desaparición forzada”, situaciones que deben ser consideradas por las instituciones europeas antes de revisar restricciones existentes.
Contreras insistió en que el debate no debería limitarse al terreno diplomático. A su juicio, escuchar directamente a quienes aseguran haber sufrido persecución estatal es una condición necesaria para dimensionar la gravedad de las denuncias y evaluar futuras decisiones comunitarias.
“Es fundamental que los cuerpos legislativos y que los organismos internacionales escuchen de viva voz a las víctimas para que puedan tomar decisiones de acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados”, sostuvo el dirigente venezolano exiliado en España.
Análisis legal y político
El documento impulsado por Refugiados Sin Fronteras también pide analizar si la presencia de Rodríguez en territorio español podría implicar tensiones con el sistema europeo de derechos humanos o incluso con el marco jurídico comunitario vigente.
En esa línea, las organizaciones solicitarán a la Comisión Europea pronunciarse sobre la “pertinencia legal” de que el Gobierno español invite a Rodríguez a una reunión de alto nivel político, en medio de sanciones todavía vigentes por parte de la Unión Europea.
La discusión no solo abre un frente político entre activistas y autoridades europeas, sino que además introduce preguntas sobre el margen de maniobra de los países anfitriones frente a figuras sancionadas internacionalmente que participan en encuentros multilaterales.
Para Contreras, el punto central del reclamo sigue siendo impedir el ingreso de una funcionaria cuestionada por organizaciones de derechos humanos. “En todo caso, para nosotros es fundamental que una persona que representa a un régimen que ha violentado derechos humanos no pueda ingresar, estando sancionada, al territorio español”, afirmó.
El activista aseguró además haber vivido personalmente episodios de persecución en Venezuela. Según relató, fue detenido arbitrariamente, torturado, juzgado militarmente pese a ser civil y encarcelado hasta lograr salir del país mediante mediación internacional. Desde hace ocho años reside en España, donde el Gobierno le otorgó protección internacional con el estatus de refugiado, beneficio que también recibieron su esposa e hijos tras abandonar Venezuela.
