Panama Ports Company rechaza abandono y apuesta por el diálogo tras fallo judicial
La empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado internacional CK Hutchinson Holdings, ha declarado públicamente que no tiene intenciones de abandonar el territorio panameño, sino que busca establecer un proceso de negociación con el gobierno nacional. Esta postura fue comunicada por un vocero de la compañía a medios locales, en respuesta a la reciente decisión judicial que declaró inconstitucional su contrato de concesión para operar los estratégicos puertos de Balboa y Cristóbal.
Fallo histórico de la Corte Suprema pone en jaque operaciones
En enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá emitió un fallo histórico donde determinó que el contrato de concesión de PPC vulneraba claramente la Constitución nacional y resultaba lesivo para el interés público, por lo que declaró su invalidez inmediata. Esta resolución ha generado ondas expansivas en el escenario internacional, siendo interpretada por muchos analistas como una victoria simbólica para la administración estadounidense, la cual ha manifestado su preocupación por la creciente influencia china en infraestructuras estratégicas de América Latina.
Advertencia sobre la inviabilidad de una operación temporal
Frente al anuncio gubernamental de que APM Terminals, subsidiaria del gigante naviero danés Maersk, asumiría temporalmente las operaciones portuarias, Alejandro Kouruklis, vocero de Panama Ports Company, ha levantado una voz de alerta. Kouruklis argumenta que dicha medida sería prácticamente inviable, ya que la infraestructura operativa crítica de los puertos estatales es de propiedad privada de PPC. La compañía defiende su trayectoria, destacando una inversión aproximada de US$1.800 millones durante los 25 años que ha operado en el país, recursos destinados a modernización y ampliación de capacidades.
Repercusiones diplomáticas y comerciales se intensifican
La controversia ha escalado a nivel diplomático. La semana pasada, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau, presentó una protesta formal ante el cónsul de Panamá, argumentando que la anulación del contrato a CK Hutchison Holdings socava gravemente los principios del comercio internacional y exigiendo un trato justo y equitativo para la empresa. Paralelamente, el gobierno de China ha emitido una severa advertencia, señalando que Panamá pagará un "alto precio" por esta decisión y ha ordenado a todas sus empresas estatales suspender cualquier negociación para nuevos proyectos en territorio panameño, marcando un punto de tensión significativo en las relaciones bilaterales.
