El Tribunal Supremo de Israel ha ratificado la orden gubernamental que obliga a 35 organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias a cesar sus operaciones en Gaza y Cisjordania en un plazo de 30 días. La resolución, emitida este martes, rechaza un recurso presentado por una veintena de estas entidades contra la decisión del Ejecutivo israelí, que exige un nuevo registro con información detallada sobre sus empleados palestinos.
Antecedentes de la medida
La orden de expulsión fue anunciada el 30 de diciembre de 2025 por Israel, argumentando que las ONG deben proporcionar "información completa y verificable sobre sus empleados" ante sospechas de que personas vinculadas a estas organizaciones tendrían conexiones con grupos islamistas palestinos. A finales de febrero, el Supremo había congelado temporalmente la decisión mientras evaluaba los recursos presentados.
ONG afectadas y reacciones
Entre las 35 organizaciones afectadas se encuentran reconocidas entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM y el Movimiento por la Paz, procedentes de países como España, Países Bajos, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido y Canadá. Las ONG se niegan a cumplir con el nuevo registro, alegando que exponer los nombres y números de identificación de sus trabajadores palestinos pone en riesgo su seguridad y constituye una violación de su privacidad.
Argumentos del Supremo
En su resolución, el Supremo sostiene que la seguridad del Estado de Israel prevalece sobre las preocupaciones de privacidad de las ONG. "En el presente caso, la balanza se inclina claramente a favor de la actuación gubernamental", señala el fallo, añadiendo que "lo que está en juego es el interés primordial de la seguridad del Estado y la protección de la vida humana, un interés que se ha vuelto aún más acuciante a la luz de los intentos de las organizaciones terroristas de integrarse en los mecanismos de ayuda humanitaria".
Datos solicitados y proporcionalidad
El tribunal considera que los datos requeridos no constituyen "categorías especiales de datos sensibles" como religión, origen étnico u orientación sexual, y que el procedimiento de registro "cumple con los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad", siendo "una medida limitada y proporcionada" derivada de la obligación del Estado de proteger su seguridad. Asimismo, indica que las ONG no han demostrado que proporcionar esos datos equivalga a una coacción para modificar su estructura organizativa o perjudicar sus actividades.
Contexto y controversia
El Gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, ha sostenido de forma recurrente que el grupo islamista Hamás se beneficia del reparto de ayuda humanitaria en Gaza, aunque no ha presentado pruebas verificables. Las ONG denuncian que el cierre de sus operaciones tendrá un impacto devastador en la Franja de Gaza, donde algunas han trabajado durante décadas y que actualmente se encuentra arrasada tras más de dos años de ofensiva israelí. Los trabajadores internacionales de estas organizaciones ya habían abandonado Gaza en su mayoría tras la orden de expulsión de diciembre de 2025.
Nuevo sistema de registro
Además de la entrega de datos de empleados, el nuevo sistema de registro incluye otros motivos polémicos para denegar la inscripción ante las autoridades israelíes, como negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover campañas de deslegitimación contra el país. Las ONG afectadas han anunciado que continuarán su lucha legal y política contra esta medida, que consideran un ataque a la labor humanitaria independiente en los territorios palestinos ocupados.
