Mientras el Gobierno Nacional exhibe cifras de avance en la restitución de tierras, muchos ciudadanos del departamento del Atlántico quizá desconocen que este territorio enfrenta un escenario particular. Allí avanza un proceso que, a diferencia de otras regiones del país, se juega más en el terreno urbano que en el rural, con peticiones activas de restitución en macroproyectos de vivienda como Caribe Verde y Las Cayenas, en Barranquilla.
Un proceso de restitución eminentemente urbano
José Humberto Torres, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Atlántico y Magdalena, aseguró en conversación con EL TIEMPO que durante el actual gobierno se logró revertir una política histórica de negación. “Durante este gobierno hemos inscrito el 76 % de las solicitudes presentadas, lo que significa que anulamos decisiones anteriores que negaban derechos y reabrimos procesos”, afirmó.
Según explicó, en el Atlántico existen actualmente 1.066 solicitudes de restitución, lo que representa cerca del 10 % del total de casos que atiende la territorial Atlántico–Magdalena. No obstante, el funcionario fue claro en señalar que la restitución aquí no responde al patrón rural predominante en otros departamentos. “En el departamento del Atlántico, con excepción de los consejos comunitarios, el proceso de restitución es eminentemente urbano”, sostuvo Torres.
Caribe Verde y Las Cayenas: restitución en conjuntos habitacionales
Los casos de Caribe Verde y Las Cayenas se han convertido en los ejemplos más complejos de esta realidad. Ambos son proyectos de vivienda de gran escala, con cientos de unidades habitacionales, donde existen solicitudes de personas que aseguran haber sido despojadas de los predios antes de su urbanización.
“Tramitar restitución de tierras en un complejo habitacional urbano es extremadamente complejo”, explicó a esta casa editorial el director territorial de la URT. “En estos casos hay múltiples terceros, edificaciones consolidadas y dinámicas propias del mercado inmobiliario que no existen en la restitución rural”.
En Las Cayenas, el caso resulta especialmente sensible. Se trata de un proyecto desarrollado durante el gobierno distrital de Edgar George, a través del entonces INURBE, y que hoy enfrenta reclamaciones dentro del proceso de la Ley de Víctimas. “Nosotros mismos estamos investigando cómo un proyecto de esta naturaleza terminó siendo objeto de solicitudes de restitución”, admitió Torres.
En ambos escenarios, los peticionarios alegan haber sido propietarios, poseedores o tenedores de los terrenos antes de su transformación urbana. La Unidad, según indicó su director, se encuentra verificando la legitimidad de esos derechos para determinar si la restitución es o no viable.
Qué puede y qué no puede hacer la URT
Uno de los puntos que más inquietud genera entre residentes y autoridades locales tiene que ver con el avance de nuevas construcciones en zonas donde existen solicitudes activas. Sobre este aspecto, Torres fue enfático en marcar los límites institucionales.
“El proceso de restitución no nos permite evitar que se continúe construyendo. Esa competencia la tienen la Alcaldía de Barranquilla y las curadurías urbanas”, explicó. El papel de la URT, añadió, se limita a inscribir los predios en el registro de tierras despojadas, lo que impide su comercialización formal mientras se define el proceso judicial.
Esta situación ha provocado tensiones entre entidades, desarrolladores y comunidades residentes, al tratarse de suelos altamente valorizados dentro del crecimiento urbano de Barranquilla.
Seguridad, despojo y antecedentes criminales
Detrás de algunos de estos casos urbanos, la URT ha identificado contextos de despojo asociados a economías ilegales, especialmente en corredores estratégicos del Atlántico. Torres señaló que, según información de inteligencia, varios predios del corredor marítimo fueron controlados en el pasado para garantizar rutas de narcotráfico.
“Aquí hubo un proceso de despojo muy fuerte, vinculado al control territorial, lo que sigue generando dificultades en materia de seguridad”, dijo. De hecho, algunas demandas relacionadas con zonas como Juan de Acosta han tenido que ser radicadas directamente desde Bogotá, debido a los riesgos para los equipos de campo.
Estas condiciones, reconoció, ralentizan el avance de la restitución y evidencian que el problema no se limita a lo jurídico, sino que sigue atravesado por factores armados y criminales.
Avances colectivos y contraste urbano
En contraste con las disputas urbanas, Torres destacó avances en la restitución colectiva, especialmente con consejos comunitarios afrodescendientes que durante años permanecieron invisibilizados en el Atlántico.
Actualmente hay dos consejos comunitarios en demanda en Repelón, uno en Candelaria y otros tres más en trámite. Tras la derogatoria de la Ley 1500, conocida como la “línea negra”, estas comunidades fueron incluidas en procesos de consulta previa, un cambio que el funcionario calificó como estructural.
En paralelo, la URT ha impulsado una estrategia de proyectos productivos como parte del enfoque de justicia restaurativa. “La restitución no es solo devolver un predio. Es devolver las condiciones de vida”, afirmó Torres. En los últimos cuatro años se han diseñado 220 proyectos productivos, con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos, y se han entregado 17 mil millones de pesos a segundos ocupantes para evitar nuevas afectaciones.
Según el balance presentado en el Congreso, más de 2.300 familias han sido beneficiadas en Atlántico y Magdalena, lo que equivale a cerca de 8.000 personas.
