Tal como se había anticipado desde finales de 2025 y ante los ataques con drones que han afectado a Antioquia, la Gobernación del departamento entregó este lunes de manera oficial cinco equipos especiales con tecnología para neutralizar amenazas de aeronaves no tripuladas. La entrega se realizó en un acto en la Cuarta Brigada del Ejército.
Aunque el Ejército decidirá las zonas donde se utilizarán los antidrones, la Secretaría de Seguridad departamental había indicado que las prioridades iniciales son las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste. En esta última, el fin de semana pasado se usó un dron para generar temor y evitar el ingreso de militares a la vereda Altos de Manila, en Segovia.
El gobernador Andrés Julián Rendón destacó la importancia de contar con esta tecnología ante los hechos de orden público, y criticó nuevamente al presidente Gustavo Petro y su política de paz total. “La verdad es que ante la amenaza criminal que representan los drones en manos de los bandidos, nuestro gobierno se embarcó en la tasa de seguridad para darle dotación a nuestra fuerza pública. Ante el abandono del gobierno de Petro, hemos adquirido con recursos que pagan los antioqueños cinco sistemas anti drones para los soldados que hacen parte de las distintas brigadas acantonadas en Antioquia. Todo esto contempla una inversión de más de $8.300 millones de pesos”, indicó.
Rendón precisó que también se entregarán 75 motos al Ejército para fortalecer los patrullajes en zonas rurales, y destacó que con la tasa de seguridad ya se han comprometido 500.000 millones de pesos.
La fuerza pública ya viene adoptando medidas para contrarrestar estas amenazas, conocidas en otras regiones del país. La Policía de Antioquia indicó que las experiencias en Cauca y El Catatumbo han proporcionado herramientas para prevenir atentados. Las autoridades han aumentado la recolección de información, instalado inhibidores de señal para limitar el rango de maniobra de los drones, y reconocen que los grupos armados están adquiriendo estos dispositivos equipados para acciones terroristas.
Otra estrategia consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Aunque su compra o venta no tiene restricciones legales, se investiga la cadena de importación de los drones incautados para identificar cómo llegan a las estructuras ilegales. Según el Ejército Nacional, entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, se contabilizaron 393 ataques con drones.
