Gobernador de Antioquia presenta acción legal contra suspensión de órdenes de captura
En un movimiento legal significativo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó este lunes 6 de abril de 2026 una acción de nulidad ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado. Esta medida busca impugnar la resolución de la Fiscalía que suspendió temporalmente las órdenes de captura contra veintitrés capos del narcotráfico que operan en Medellín, Rionegro y diversos municipios del Valle de Aburrá.
Medida adoptada tras solicitud de la Oficina del Comisionado de Paz
La controvertida suspensión, que tiene un plazo inicial de seis meses, fue adoptada a solicitud de la Oficina del Comisionado de Paz. Esta decisión se fundamenta en los "alcances" logrados dentro del Espacio de Conversación Sociojurídica, un mecanismo que se instaló en 2023 en la cárcel de Itagüí y que beneficia específicamente a los voceros de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
La Fiscalía ha aclarado que esta medida no implica la concesión de libertad para quienes actualmente se encuentran privados de ella en centros penitenciarios, ya sea en cumplimiento de condenas, bajo medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales. La entidad ha señalado que este aspecto escapa a su competencia directa.
"No comprendo la posición de la Fiscalía"
Desde las instalaciones de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el gobernador Rendón expresó públicamente su confusión y desacuerdo con las acciones de la Fiscalía. "Yo realmente no comprendo la posición de la Fiscalía", declaró el mandatario ante los medios de comunicación.
Rendón hizo referencia a una reciente visita de la fiscal Luz Adriana Camargo al Palacio de Nariño, donde aparentemente solicitó autorización para abordar el caso de Calarcá, señalando su gravedad. "Información que reposa en su despacho desde hace 2 años y que no entiende uno cómo es que aún no le han levantado la suspensión de la orden de captura a este bandido", cuestionó el gobernador.
El mandatario antioqueño mostró especial preocupación por lo que considera una contradicción: "Para que, en los días siguientes, termine otorgándole libertad a 23 criminales tan o más peligrosos que el mismo Calarcá".
Preocupaciones sobre influencia criminal y seguridad
En conversaciones previas con medios de comunicación, el gobernador Rendón había manifestado que su mayor inquietud radica en la influencia que estos veintitrés capos podrían ejercer sobre la población antioqueña durante procesos electorales. Además, teme que durante el período de suspensión de las órdenes de captura, estas estructuras criminales logren fortalecerse y expandir sus operaciones ilícitas.
En un aspecto relacionado con la seguridad personal, el mandatario negó haber recibido información adicional de la Fiscalía sobre las amenazas en su contra. Esto ocurre después de que en marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtiera sobre constantes sobrevuelos de drones pertenecientes a las disidencias del Frente 36, que amenazaban tanto su vida como la del gobernador Rendón.
"Ningún informe al respecto", afirmó el gobernador cuando se le consultó sobre avances en la investigación de estas amenazas desde el momento en que se realizó la denuncia inicial.
Contexto del Espacio de Conversación Sociojurídica
El Espacio de Conversación Sociojurídica, instalado en la cárcel de Itagüí en 2023, representa un mecanismo de diálogo que ha generado tanto expectativas como controversias. Sus defensores argumentan que puede contribuir a procesos de paz y reducción de violencia, mientras que críticos como el gobernador Rendón cuestionan las concesiones que se realizan a estructuras criminales organizadas.
La acción legal presentada por el gobernador antioqueño marca un punto de tensión significativo entre las autoridades regionales y las decisiones tomadas a nivel nacional en materia de justicia y seguridad. Este caso podría establecer precedentes importantes sobre el equilibrio entre procesos de diálogo y la aplicación estricta de la ley contra el narcotráfico en Colombia.
