En una ofensiva decidida contra el fraude del robo de agua, la Gobernación del Atlántico ha logrado recuperar más de un millón de litros de agua potable en lo que va del año. Mediante un despliegue operativo conjunto con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía y la empresa Aqualia, se desmantelaron redes clandestinas utilizadas para desviar el recurso hacia actividades agroindustriales y ganaderas a gran escala.
La administración departamental confirmó la interposición de 36 denuncias penales contra los presuntos responsables, enfatizando que estas prácticas ilegales comprometen directamente la salud y la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del sur y la zona oriental del departamento.
Impacto en las redes de acueducto rural
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el desmantelamiento de 120 conexiones ilegales ha revelado una problemática estructural de robo de agua por parte de grandes propietarios de fincas. Uno de los hallazgos más críticos se registró en el municipio de Luruaco, específicamente en la línea de conducción que abastece al corregimiento de Santa Cruz. En un tramo de apenas 8 kilómetros, los técnicos hallaron 27 derivaciones ilícitas que redujeron drásticamente el bombeo: de 22 litros por segundo que deberían llegar a la población, solo se recibían 5 litros por segundo debido al sabotaje de las tuberías.
En el municipio de Manatí, la situación es igualmente alarmante. En zona rural se identificaron 33 conexiones en fincas privadas que sustraen cerca de 1.500 metros cúbicos diarios. Según el reporte de la Gobernación del Atlántico, este hurto sistemático no solo genera pérdidas económicas calculadas en 2.000 millones de pesos, sino que afecta de manera directa la continuidad del servicio para más de 40.000 habitantes, quienes sufren bajas presiones e intermitencias constantes por el desequilibrio hidráulico causado por las tomas clandestinas.
Inversión pública frente al aprovechamiento ilícito
La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, señaló que el departamento ha realizado inversiones superiores a los 1,3 billones de pesos con el objetivo de universalizar el acceso al agua potable. Sin embargo, explicó que estas inversiones se ven amenazadas cuando el recurso es interceptado por terceros para fines lucrativos. La funcionaria fue enfática al declarar que el robo no se le hace a una empresa o a la Gobernación, sino a los ciudadanos que dependen del líquido vital para sus necesidades básicas.
El coordinador operativo de Aqualia, Julián Pacheco, advirtió que la manipulación inadecuada de las redes de agua tratada por parte de particulares pone en riesgo la calidad del recurso para el resto de la población. Las perforaciones en tuberías principales alteran la presión del sistema, lo que impide que el agua llegue a las zonas más elevadas o alejadas de los centros de bombeo, obligando a racionamientos técnicos para intentar estabilizar la red.
Judicialización y continuidad de los operativos
El secretario del Interior, José Antonio Luque, ratificó que las 36 denuncias penales interpuestas buscan sentar un precedente legal en el departamento. La Gobernación del Atlántico recordó que no habrá tolerancia con el uso irregular del agua potable para el riego de cultivos o el abastecimiento de ganado mientras existan familias sin agua. Los operativos de vigilancia se mantendrán de manera permanente, utilizando tecnología de detección de fugas y presión para identificar nuevos puntos de intervención.
Desde la administración departamental se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier manipulación sospechosa de la infraestructura de acueducto. El objetivo institucional, subrayó Luque, para el resto del año es consolidar un sistema de vigilancia que garantice que los esfuerzos presupuestales se traduzcan en un servicio continuo, legal y de alta calidad para todos los hogares del Atlántico.
