Bogotá y sus 35 municipios vecinos han experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas. Según el estudio ‘Huella Urbana’ de la Región Metropolitana, la superficie urbana pasó de 38.605 hectáreas en 1997 a 77.948 hectáreas en 2024. Si se mantiene el ritmo actual, para 2050 la región alcanzaría 115.134 hectáreas, sumando 37.186 hectáreas, un área similar a la que ocupa Bogotá.
Este crecimiento responde a dinámicas demográficas, económicas y de conectividad que han impulsado la ocupación del suelo en áreas periféricas y corredores estratégicos. Aunque Bogotá se consolida como núcleo estratégico con sus 38.000 hectáreas, otras subregiones han ganado protagonismo. Sabana Centro cuenta hoy con 11.000 hectáreas, destacándose municipios como Chía, Cota, Cajicá y Tenjo. Le sigue Sabana Norte con 8.000 hectáreas, que incluye municipios dormitorio como Tocancipá y Zipaquirá. Sabana Noroccidente suma 7.000 hectáreas y el corredor Soacha-Sibaté 6.000 hectáreas.
Redistribución poblacional
La población ha crecido más rápido en las subregiones que en Bogotá. Entre 1993 y 2024, la región pasó de 5,8 millones a más de 10 millones de habitantes. En 1993, el 85 por ciento se concentraba en la capital, pero para 2024 esa cifra se redujo al 76 por ciento, evidenciando una redistribución hacia municipios aledaños, principalmente de Sabana Norte, Sabana Centro, Sabana Suroccidente y Soacha-Sibaté.
Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, señaló: “Si seguimos como vamos, el crecimiento a 2050 será de 37.186 hectáreas. Esto quiere decir que la expansión equivaldrá a otro Bogotá. El panorama es realmente preocupante, por no decir catastrófico, en materia de sostenibilidad regional”.
Uso residencial y asentamientos informales
La mayor parte de la expansión ha sido por uso residencial. Entre 2017 y 2024, la huella urbana creció un 8,5 por ciento, del cual el 58 por ciento corresponde a vivienda. Sin embargo, una porción importante de ese crecimiento residencial se ha dado en asentamientos informales. El 17,6 por ciento se vincula a ocupaciones irregulares, concentradas principalmente en Soacha (21,3 por ciento de los cambios en la subregión Soacha-Sibaté) y en el sur de Bogotá (33,7 por ciento de los cambios en el Distrito Capital). En Sabana Norte y Sabana Centro, el mayor crecimiento ha sido en desarrollo habitacional formal.
El crecimiento reciente se ha concentrado en suelo rural (38 por ciento), seguido de nuevos desarrollos en suelo urbano y de expansión (32 por ciento en conjunto). Para 2050, parte de ese crecimiento se daría de manera ilegal y sobre suelos con restricciones ambientales o zonas de protección. El estudio indica que, si la tendencia actual se mantiene, la ocupación en suelos de protección crecería un 105 por ciento, equivalente a 18.452 hectáreas nuevas frente a las 17.000 hectáreas ocupadas en 2024.
Bogotá sería la zona con mayor crecimiento en ocupación de áreas protegidas (18,9 por ciento), seguida de la subregión Soacha-Sibaté (18,11 por ciento). Para los expertos, esto representa un problema ecosistémico y de riesgos ante desastres naturales. Edwin Chiriví, gerente de Camacol seccional Bogotá y Cundinamarca, afirmó: “El desarrollo urbano informal tiene costos altísimos sobre el medioambiente, puntualmente en zonas como los cerros orientales o las montañas en el sur de la ciudad. El principal desafío no es detener el desarrollo, sino encauzarlo a través de la formalidad”.
Recomendaciones para un desarrollo sostenible
La Región Metropolitana formuló varias recomendaciones para orientar la política pública. Una de ellas es ampliar la oferta de vivienda en zonas bien conectadas con sistemas de transporte existentes o en desarrollo, como el metro, troncales de TransMilenio y rutas de RegioTram, próximas a espacios públicos y equipamientos de gran escala, para lograr un desarrollo urbano compacto.
También se recomienda consolidar centros subregionales para aliviar la presión sobre Bogotá, donde se concentran la mayoría de servicios de empleo, educación y salud. Es clave fortalecer centros urbanos como Zipaquirá, Chía, Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera, Soacha y Fusagasugá, equilibrando las cargas en la región metropolitana.
Asimismo, se sugiere controlar la expansión de la vivienda campestre, que con 7.617 hectáreas representa cerca del 22 por ciento de la huella urbana residencial. Para la entidad, esto es “un aspecto crítico debido a su patrón expansivo y de baja densidad”, que pone en riesgo suelos de protección y áreas agrícolas.
Protección ambiental y movilidad sostenible
En materia ambiental, se propone una articulación entre entidades territoriales para proteger los activos ambientales, compatibilizando la estructura ecológica regional con nuevos desarrollos urbanos y de infraestructura. Esto ayudaría a frenar la expansión informal que vulnera áreas de protección.
“Se estima que para 2030 la oferta y demanda de agua se equiparen, lo que advierte la urgencia de actuar ahora. Es primordial proteger las áreas de recarga y optimizar el uso del suelo para blindar el suministro de agua frente a fenómenos como El Niño”, indicó Lota.
Finalmente, se recomienda cerrar brechas en movilidad sostenible a escala regional, integrando sistemas de transporte público entre municipios y promoviendo modos sostenibles como la bicicleta. “Este sistema debe estructurarse a partir de una red continua de ciclorrutas intermunicipales, integrada funcional, tarifaria y multimodalmente con los corredores troncales de transporte público masivo”, concluyó el informe.
