Jaime González, representante de la EPS Coosalud, rompió el silencio tras las recientes alocuciones del presidente Gustavo Petro, en las que el mandatario lo acusó directamente de utilizar recursos públicos para beneficio personal y de liderar una red de corrupción.
La defensa frente a los $221.000 millones
Uno de los puntos centrales del ataque presidencial fue un crédito por 221.000 millones de pesos que, según Petro, fue utilizado por González para garantizar préstamos personales y de sus empresas. Al respecto, González aclaró que se trató de una operación financiera legítima para capitalizar la EPS ante la crisis del sector: “El crédito no fue un crédito personal, fue un crédito para capitalizar la EPS y eso está súper documentado”. Explicó que los recursos provinieron de líneas de crédito de Findeter y Bancóldex y que fueron transferidos a la EPS para cumplir con el margen de solvencia exigido por la ley. González lanzó una dura crítica al conocimiento financiero del mandatario al afirmar: “Es normal que una persona que haya perdido la materia de teoría monetaria pues no entienda este tipo de operaciones que son sofisticadas”.
Además, negó enfáticamente el desvío de dinero a paraísos fiscales o triangulaciones por Panamá, asegurando que los bancos ya certificaron que “no ha habido un solo giro de los recursos de la salud hacia el exterior”.
Contratación de Mario Andrés Urán
González también fue cuestionado por la contratación de Mario Andrés Urán, un asesor vinculado a múltiples escándalos en el sector. El directivo defendió el proceso de vinculación, señalando que se realizó a través de empresas cazatalentos basándose en su trayectoria en farmacéuticas multinacionales. Sin embargo, ante las denuncias de presuntos “perfilamientos” realizados por Urán, González aclaró que el asesor fue apartado una vez se conocieron los señalamientos: “Nosotros lo separamos del cargo… No entiendo por qué tienen que vincular una cosa con otra”. Recalcó que cualquier actuación irregular de un funcionario fuera de sus funciones laborales no es responsabilidad de la organización.
Denuncia de facturas ficticias por $1,8 billones
González reveló hallazgos tras retomar el control de la EPS por orden judicial. Según el directivo, la intervención del Gobierno habría incurrido en irregularidades masivas: “Se hicieron más de 1.875 billones [de pesos] a unos proveedores con unas facturas presuntamente ficticias. No están las facturas”. González concluyó que la crisis actual de la entidad es producto de la gestión oficial, afirmando que “esto lo hicieron los interventores del presidente Petro. Petro y sus interventores son los que tienen colapsado al sistema de salud”.
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