Un nuevo foco de preocupación se abre en el sistema de salud tras las denuncias conocidas por la Superintendencia Nacional de Salud sobre posibles cobros ilegales a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para agilizar el pago de sus deudas. Según la entidad, algunas clínicas y hospitales estarían siendo presionados para entregar comisiones que van desde el 7 % hasta el 20 % del valor de la cartera.
Prácticas que afectan el flujo de recursos
El señalamiento apunta a una práctica que afectaría directamente el flujo de recursos dentro del sistema, en un contexto donde muchas IPS dependen de estos pagos para sostener su operación. La exigencia de porcentajes sobre deudas ya causadas implicaría una reducción significativa de los ingresos reales de los prestadores, lo que podría traducirse en dificultades para garantizar servicios, pago de personal y adquisición de insumos.
De acuerdo con lo revelado, las presiones estarían relacionadas con la agilización de pagos por parte de entidades responsables, lo que plantea dudas sobre posibles intermediaciones indebidas en la gestión financiera de las EPS intervenidas. Este tipo de mecanismos, de confirmarse, evidenciaría fallas en los controles y riesgos de desvío de recursos destinados a la atención en salud.
Investigación en curso
La Superintendencia advirtió que estos hechos ya están bajo revisión y que la información recibida deberá ser trasladada a las autoridades competentes para determinar responsabilidades. El organismo también alertó sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en la sostenibilidad del sistema, al comprometer recursos que deberían destinarse exclusivamente a la prestación de servicios.
Medidas de control y canales de denuncia
En la reunión, el superintendente Daniel Quintero reiteró que la atención a menores de edad no admite demoras y que cualquier falla en la prestación de servicios a niños y niñas deberá ser reportada de inmediato a las autoridades competentes para activar acciones penales contra los responsables. Señaló que la vida y la salud de esta población prevalecen sobre cualquier trámite administrativo, fijando una línea de actuación inmediata frente a posibles irregularidades.
Además, se establecieron canales de reporte directo entre los interventores y el despacho del superintendente, con el fin de hacer seguimiento en tiempo real a los casos críticos y agilizar decisiones. Con estas medidas, la Superintendencia Nacional de Salud puso en marcha un esquema de control más estricto sobre las EPS intervenidas e hizo un llamado a IPS, usuarios y ciudadanos para que denuncien hechos de corrupción a través de los canales oficiales.
