Interventor de Nueva EPS enfrenta arresto por desacato a orden judicial de atención médica
El Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín ha dictado una medida de arresto de 48 horas contra Luis Oscar Galves Mateus, interventor de la Nueva EPS, por incumplir flagrantemente un fallo de tutela que ordenaba atención médica urgente para una paciente de 92 años con graves complicaciones cardíacas.
Falta de cumplimiento pone en riesgo vida de paciente
La decisión judicial se produjo después de que se constatara que la entidad de salud no dio cumplimiento a la orden emitida el pasado 23 de enero de 2026, la cual exigía la remisión inmediata de la paciente a un centro especializado en electrofisiología para realizar el procedimiento de explante y reemplazo de marcapasos bicameral.
Pese a múltiples requerimientos judiciales, la Nueva EPS no ejecutó la orden ni justificó su inacción, lo que llevó al despacho judicial a declarar formalmente el desacato contra la entidad promotora de salud.
Paciente permanece en estado crítico sin tratamiento
En el expediente judicial se documenta que la paciente de 92 años permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, sin que se haya efectuado el procedimiento médico ordenado, situación que representa un riesgo vital inminente para su salud.
La agente oficiosa y cuidadora de la afectada denunció ante las autoridades que la falta de cumplimiento por parte de la EPS ha deteriorado progresivamente la salud de su madre, quien presenta episodios recurrentes de:
- Hipotensión severa
- Dolor torácico agudo
- Compromiso hemodinámico significativo
Incumplimiento constituye violación grave de derechos fundamentales
El juzgado recordó en su fallo que el incumplimiento de una tutela constituye una falta grave contra los derechos fundamentales y ordenó la sanción conforme a los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela en Colombia.
Además, el despacho judicial advirtió que la omisión persistente de la EPS podría derivar en la compulsa de copias del caso a la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos de fraude a resolución judicial y omisión de socorro, lo que implicaría consecuencias penales adicionales para los responsables.
Este caso evidencia las graves dificultades que enfrentan los pacientes del sistema de salud colombiano cuando las entidades promotoras de salud incumplen órdenes judiciales destinadas a proteger su derecho fundamental a la salud y a la vida.
