La tragedia de Kevin Acosta: un rostro humano de la crisis explícita en salud
La muerte del pequeño Kevin Acosta, de apenas siete años de edad, tras la negativa reiterada de la Nueva EPS para entregar los medicamentos esenciales de su tratamiento, ha convertido esta desgarradora historia familiar santandereana en el símbolo palpable de la tragedia que viven millones de colombianos. Estos ciudadanos sufren las consecuencias directas de lo que se ha denominado la "crisis explícita" en el sistema de salud, una situación que diversos sectores atribuyen a las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las polémicas declaraciones presidenciales y la reacción médica
La respuesta del mandatario ante el fallecimiento de Kevin generó una ola de indignación. En un primer momento, Petro juzgó a Katherine Pico, madre del niño, calificándola de ignorante y responsabilizándola por permitir que su hijo montara en bicicleta. El presidente habló del caso como un ejemplo de falta de "prevención", lo que provocó la inmediata réplica de la comunidad médico-científica.
Los especialistas salieron al paso para aclarar que, para niños con hemofilia como Kevin, la actividad física moderada es parte de las recomendaciones terapéuticas. La verdadera prevención, señalaron, radica en garantizar el acceso continuo y oportuno a los medicamentos, algo que la Nueva EPS le negó sistemáticamente al menor.
La revelación de la historia clínica y el agravio a la familia
Como si el primer agravio fuera insuficiente, al día siguiente el presidente Petro, en un acto considerado por muchos como impune, ventiló públicamente en televisión nacional la historia clínica completa del pequeño Kevin. Esta acción, realizada sin el consentimiento de la familia, tuvo la aparente intención de exculpar a la Nueva EPS de responsabilidades directas en la tragedia.
Este episodio se enmarca en un contexto político particular: desde febrero de 2024, el presidente Petro ordenó implementar elementos de su reforma a la salud —que no fue aprobada por el Congreso— en "las EPS que ya controlamos", entre las cuales se encuentra precisamente la Nueva EPS.
Un caso entre miles: la crisis sistémica y sus cifras alarmantes
Lo más preocupante, según analistas, es que el caso de Kevin Acosta representa apenas uno entre miles de situaciones similares que ocurren diariamente en el país. Un artículo publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal, titulado "Cómo la política destruyó el modelo de salud de Colombia", explica que la intervención gubernamental en varias EPS, lejos de reducir sus enormes deudas, las ha incrementado sustancialmente.
Los datos oficiales del Ministerio de Salud son elocuentes: las EPS adeudan a los proveedores de servicios la colosal suma de $32.9 billones de pesos. La principal deudora es, precisamente, la Nueva EPS, es decir, el propio Gobierno nacional en su rol de administrador.
El estrangulamiento financiero del sistema y sus consecuencias
A esta crítica situación se suma la negativa del Gobierno a aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tal como lo ordenó la Corte Constitucional. Esta decisión ha llevado a clínicas y hospitales a un verdadero estrangulamiento financiero, obligándoles a prestar más servicios con menos recursos, que además no se pagan o se liquidan con extrema tardanza.
Las consecuencias de esta "crisis explícita" ya son visibles en todo el territorio nacional:
- Instituciones de salud con escaso músculo financiero se debaten entre ajustarse a la crisis, en claro detrimento de la atención a los pacientes.
- Otras se ven forzadas a considerar el cierre definitivo de sus puertas.
- El resultado inevitable, advierten expertos, será un aumento en las muertes evitables, como lamentablemente ocurrió con el pequeño Kevin Acosta.
Esta tragedia personal ha puesto en evidencia no solo las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, sino también las profundas divisiones políticas y éticas en la manera de abordar una de las crisis más urgentes que enfrenta el país en materia de derechos fundamentales.
