Interventor de Nueva EPS en Antioquia enfrenta sanción por desacato a orden judicial
El interventor de la Nueva EPS en Antioquia, Luis Óscar Galves Mateus, ha sido condenado a cumplir dos días de arresto como sanción por no haber atendido una orden judicial que exigía agilizar el cambio de marcapasos de una mujer de 92 años en el departamento. La decisión fue emitida por el Juzgado 20 Penal de Medellín y afecta también a otros dos funcionarios de la entidad de salud.
Falta de respuesta ante requerimiento urgente
De acuerdo con los documentos judiciales, a pesar de que se había ordenado a la Nueva EPS la atención médica urgente para la adulta mayor que requería el cambio de su dispositivo cardíaco, cuando las autoridades verificaron el cumplimiento de la medida, la entidad guardó completo silencio. Al contactar a la familia de la paciente, se confirmó que la EPS no había acatado la orden y que la mujer seguía sin recibir el tratamiento necesario.
La investigación reveló que la paciente no había sido atendida por ningún especialista y que la Nueva EPS simplemente omitía pronunciarse ante los requerimientos judiciales, lo que motivó la sanción contra los responsables.
Funcionarios sancionados y alternativas de pago
Además de Galves Mateus, la medida judicial incluye a Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente regional noroccidente de Salud de la EPS, y a Ricardo Adolfo Echeverría, gerente regional de salud de la Nueva EPS. Los tres enfrentan la misma sanción de dos días de privación de la libertad por su responsabilidad en el incumplimiento.
Sin embargo, la sentencia establece que este arresto podrá ser sustituido por el pago de una multa económica equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes, que asciende aproximadamente a tres millones y medio de pesos. Los funcionarios disponen de un plazo de 15 días para realizar este pago y evitar el cumplimiento efectivo de la medida carcelaria.
Implicaciones para el sistema de salud
Este caso pone en evidencia las deficiencias en la atención que enfrentan los usuarios del sistema de salud colombiano, particularmente los adultos mayores que requieren intervenciones médicas urgentes. La sanción judicial busca enviar un mensaje claro sobre la obligatoriedad de cumplir con las órdenes emitidas por las autoridades cuando está en juego la vida y la salud de los pacientes.
La decisión del Juzgado 20 Penal de Medellín representa un precedente importante en la protección de derechos fundamentales y en la exigencia de responsabilidad a los funcionarios de las entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia.
