Kevin Arley Acosta: La tragedia que revela las fallas del sistema de salud colombiano
Kevin Arley Acosta tenía apenas siete años de edad. No era un número en una estadística ni un expediente clínico más. Era un niño lleno de vida que disfrutaba montar bicicleta, jugar y soñar como cualquier pequeño de su edad. Aunque padecía hemofilia A severa, contaba con un tratamiento profiláctico que, administrado regularmente, le permitía llevar una existencia prácticamente normal.
Sin embargo, ese medicamento esencial dejó de llegar. Durante aproximadamente dos meses, su familia buscó desesperadamente el fármaco que protegía a Kevin de hemorragias internas potencialmente mortales. Insistieron, reclamaron, interpusieron acciones legales y esperaron, pero el sistema de salud no respondió a tiempo.
La caída que no debería haber sido fatal
Mientras tanto, Kevin continuó siendo un niño de siete años. Un día, como hacen todos los niños, se cayó de su bicicleta. El sangrado resultante fue grave y, sin la protección de su medicamento habitual, su cuerpo no pudo resistir. Kevin falleció.
No murió por montar bicicleta. Murió porque el sistema diseñado para protegerlo falló estrepitosamente. En la medicina contemporánea, un niño con hemofilia no debería fallecer por una caída común si cuenta con la profilaxis adecuada. El accidente fue solamente el detonante; la causa estructural fue la ausencia del medicamento vital.
El desplazamiento del debate: De la responsabilidad institucional a la culpa familiar
Lo más preocupante ocurrió después de la tragedia. En lugar de una autocrítica institucional clara y contundente, el debate se desvió hacia la conducta de la familia de Kevin. Se comenzó a hablar de:
- Restricciones que deberían haberse implementado
- Actividades que debían evitarse
- Riesgos supuestamente asumidos
Como si el problema hubiera sido la bicicleta. Como si el problema hubiera sido la madre. Como si el problema no fuera, fundamentalmente, que el medicamento esencial nunca llegó.
Cuando el Estado falla en su obligación básica de protección, no puede comenzar buscando culpables en el hogar del paciente.
Una crisis sistémica con rostro humano
El corazón de este caso no es meramente médico; es profundamente político y moral. La pregunta central es sencilla y brutal: ¿Cómo es posible que un niño con una enfermedad conocida, tratable y controlable pase semanas sin recibir el medicamento que mantiene su vida?
Este episodio no ocurre en el vacío. Se desarrolla en medio de una crisis evidente del sistema de salud colombiano, caracterizada por:
- Deudas crecientes entre actores del sistema
- Tensiones financieras persistentes
- Retrasos significativos en pagos a proveedores
- Barreras administrativas que dificultan el acceso
- Una transición incierta que ha concentrado millones de afiliados en entidades intervenidas sin capacidad suficiente
En medio de este desorden institucional, quienes pagan el precio más alto son precisamente los más vulnerables. Kevin Arley Acosta se ha convertido en el rostro humano de esta dolorosa realidad.
La garantía que se debilita
El sistema de salud colombiano nunca ha sido perfecto. Históricamente ha presentado fallas, inequidades y desafíos enormes. Sin embargo, durante décadas logró un avance fundamental: que enfermedades graves como la hemofilia dejaran de ser una sentencia de muerte automática. Este logro fue resultado de instituciones sólidas, protocolos establecidos y continuidad en las políticas públicas.
Hoy, esa garantía básica comienza a debilitarse visiblemente. Y cuando esto ocurre, el Estado no puede refugiarse en explicaciones técnicas, diluir responsabilidades o convertir el debate en un intercambio de culpas. Existe, precisamente, para garantizar que un niño reciba su medicamento esencial a tiempo.
Un niño sin tratamiento durante semanas no es un mero detalle administrativo; es una alarma social que debería movilizar a todo el sistema.
La línea que no se debe cruzar
Los gobiernos pueden y deben impulsar reformas al sistema de salud. Pueden cuestionar modelos, proponer cambios estructurales y defender sus tesis políticas. Esto forma parte del debate democrático saludable. Pero existe una línea ética que nunca debería cruzarse: justificar lo injustificable o insinuar que una tragedia como esta se explica principalmente por decisiones familiares cuando el sistema falló estructuralmente.
Un país se mide verdaderamente por lo que ocurre cuando un niño necesita un medicamento esencial para vivir. No por discursos elaborados, no por narrativas convenientes, sino por resultados concretos y protección efectiva.
Kevin Arley Acosta no debía morir. Y cuando como sociedad comenzamos a aceptar explicaciones en lugar de exigir soluciones concretas, lo que está en riesgo no es solamente la sostenibilidad del sistema de salud, sino la confianza básica de los ciudadanos en que el Estado existe, fundamentalmente, para proteger la vida humana.
