La muerte de un niño con hemofilia sin tratamiento desata ola de indignación y análisis jurídico
La trágica muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que permaneció dos meses sin recibir el tratamiento médico vital que necesitaba, ha generado una profunda indignación nacional y ha puesto en evidencia las graves fallas del sistema de salud colombiano.
Una lucha en redes sociales que terminó en tragedia
Yudy Katerine Pico, madre del menor, lideró durante semanas una intensa campaña en redes sociales exigiendo a Nueva EPS -entidad intervenida por el Gobierno desde 2024- que suministrara a su hijo el medicamento Hemlibra, tratamiento especializado que puede costar hasta 120 millones de pesos y que ayuda a reducir los episodios de sangrado en pacientes con hemofilia.
"Kevin fue una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud", declaró la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien se pronunció sobre este caso que ha visibilizado la lucha de cientos de pacientes por recibir atención médica oportuna.
Controversial declaración del ministro de Salud
Durante el consejo de ministros del 16 de febrero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó la muerte de Kevin desde un ángulo que generó polémica. En lugar de enfocarse en las fallas sistémicas para garantizar medicamentos vitales, el funcionario mencionó una supuesta falta de prevención por parte de la madre, atribuyendo el desenlace fatal a un accidente en bicicleta que el niño sufrió dos meses atrás.
"Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave", afirmó Jaramillo, quien junto con el Presidente de la República pidió individualizar responsabilidades en este caso.
Responsabilidades penales y disciplinarias en la mira
Según juristas consultados, la muerte del menor podría derivar en investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que, teniendo el deber legal de garantizar la entrega de un medicamento vital, omitieron esta obligación.
El penalista Fabio Humar explicó a este medio: "Desde luego deben responder, y la Procuraduría debería abrir cuanto antes una indagación y, si es del caso, sancionar. Creo que también habría responsabilidad penal, cuando menos por la omisión en la que han incurrido".
Humar agregó: "La muerte de un menor por no dispensar a tiempo un medicamento podría encuadrarse como un delito omisivo y, ¿por qué no?, incluso podría hablarse de un homicidio. Aquí habría dos frentes: el disciplinario, en cabeza de la Procuraduría, y el penal, en cabeza de la Fiscalía".
El caso que evidencia la crisis de las EPS intervenidas
La situación de Kevin Acosta no es aislada, sino que refleja problemas estructurales en la atención de las EPS intervenidas, entidades que han multiplicado sus deudas y presentan graves dificultades para garantizar tratamientos especializados a sus afiliados.
El medicamento Hemlibra, esencial para el control de la hemofilia, representa un costo elevado que muchas EPS en crisis no están dispuestas o no pueden asumir, dejando a pacientes en situación de vulnerabilidad extrema.
Este caso ha generado un debate nacional sobre:
- La responsabilidad del Estado en garantizar tratamientos médicos vitales
- Los mecanismos de control sobre las EPS intervenidas
- La necesidad de reformas urgentes en el sistema de salud
- La protección de los derechos de pacientes con enfermedades crónicas
La muerte de Kevin Acosta ocurrió el pasado 13 de febrero, después de dos meses de espera infructuosa por el tratamiento que podría haber salvado su vida, convirtiéndose en un símbolo doloroso de las deficiencias del sistema de salud colombiano.
