¿Qué implica el retiro de licencia de operación a las EPS?
En una alocución presidencial centrada inicialmente en el orden público del suroccidente colombiano, el presidente Gustavo Petro anunció una medida de gran impacto para el sistema de salud: retirar la licencia de operación a las EPS que no cumplan con los indicadores exigidos. “Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a la EPS más malas”, afirmó el mandatario el 27 de abril, comenzando con Coosalud, en el marco de lo que calificó como un “sabotaje” de las aseguradoras y actores del mercado de medicamentos frente a la reforma a la salud.
¿Es una decisión inmediata o un proceso gradual?
Conrado Gómez, exsuperintendente de Salud, explicó que se trata de un procedimiento administrativo que requiere varias etapas y no ocurre de forma automática. “El proceso inicia con una visita o un informe de auditoría que recomiende la medida”, señaló Gómez. A partir de ahí, la entidad intervenida tiene derecho a presentar explicaciones y pruebas. Posteriormente, la autoridad competente evalúa la información y toma una decisión preliminar. “Se dan unos días para que la entidad ejerza recursos, es decir, se oponga a la decisión, y pueda presentar alegatos adicionales. Después de unos 10 días se toma una decisión final”, añadió. En total, el proceso puede tardar algunas semanas.
El camino ya está parcialmente recorrido
El exfuncionario advirtió que varias EPS se encuentran bajo medidas cautelares desde hace años, como vigilancias especiales o intervenciones, y han debido implementar planes de mejoramiento. “Con el solo hecho de verificar que no los han cumplido, estaría lista la primera parte del proceso”, señaló. En esos escenarios, bastaría con revisar los avances y solicitar concepto a las instancias técnicas para determinar si la entidad es recuperable o no.
Obstáculos legales y operativos
Gómez considera que el Gobierno sí cuenta con los tiempos para adelantar estos procesos, pero introduce un matiz clave: las decisiones podrían enfrentar obstáculos legales importantes. Uno de ellos es la Sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó devolver la EPS Sanitas a su propietario original, el grupo Keralty, tras cuestionar las condiciones financieras bajo las cuales se evaluaba su desempeño. A esto se suma la devolución de Savia Salud por decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Según Gómez, la Corte estableció que no se puede juzgar el incumplimiento financiero de las EPS sin antes actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y asignar recursos suficientes para servicios no incluidos en el plan de beneficios. “Es decir, puede haber un alargue legal y seguramente lo habrá”, advierte.
A esto se suman dificultades operativas, como el traslado de afiliados desde las EPS que pierdan su licencia hacia otras entidades en mejores condiciones. “Es difícil”, señala el exsuperintendente, quien también menciona la existencia de procesos judiciales activos que podrían dilatar la ejecución de las decisiones.
Deudas de las EPS: ¿cómo se cobrarán?
Otro punto que genera incertidumbre es el alcance de la afirmación del presidente Petro sobre las deudas de las EPS. El mandatario aseguró que los dueños de las entidades a las que se les retire la licencia “pasarán a pagar sus deudas a la red pública”. Sin embargo, el mecanismo concreto para hacerlo no está claro. “Me imagino que cuando se dice que los privados paguen por las deudas es mediante procesos fiscales o judiciales, pero eso habría que aclararlo, por ahora no se sabe con certeza”, explicó Gómez. Además, plantea dudas sobre la viabilidad económica de exigir capitalizaciones a entidades que perderían su licencia y, por tanto, su capacidad de operar.
Conclusión
El anuncio presidencial abre un nuevo frente en el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Aunque el retiro de licencias es una herramienta contemplada dentro de las facultades de supervisión del Estado, su aplicación implica un proceso técnico, jurídico y operativo que va más allá de una orden inmediata.
