Fallo judicial transforma estrategia de vacunación contra el dengue en Colombia
Una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ha modificado radicalmente el alcance de la vacunación contra el dengue en Colombia. Mediante una medida cautelar dentro de una acción popular, el tribunal ordenó al Ministerio de Salud garantizar el acceso gratuito a la vacuna para niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 16 años en los municipios priorizados para frenar el contagio.
Ampliación de cobertura tras estrategia inicial limitada
Esta determinación judicial llega semanas después de que el propio Ministerio iniciara la introducción escalonada de la vacuna en el país. En su primera fase, la estrategia estaba dirigida exclusivamente a menores de 9 años o estudiantes de cuarto grado en territorios priorizados por su alta carga de la enfermedad.
Según la providencia judicial del 13 de marzo de 2026, el despacho ordenó específicamente al Ministerio de Salud "asegurar la adquisición de la vacuna Qdenga (TAK-003) para su acceso equitativo y gratuito en todos los municipios priorizados", garantizando su disponibilidad para la población infantil y juvenil del rango etario mencionado.
Acción popular que cuestionó la focalización inicial
La decisión se dio en el marco de una acción popular interpuesta por el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero, quien argumentó que la política pública vigente restringía injustificadamente el acceso a la vacuna, pese a la evidencia científica disponible y a las recomendaciones internacionales.
"El Ministerio sacó un comunicado manifestando que la vacuna se incluía solo para municipios priorizados y únicamente para niños de 9 años. Esa población es muy pequeña para proteger a todos los infantes que pueden llegar a sufrir dengue", explicó el abogado demandante.
El tribunal consideró que existe un riesgo para los derechos colectivos relacionados con la salud pública, particularmente por la exclusión de un grupo amplio de población infantil en zonas con alta transmisión del virus. La medida cautelar busca prevenir un daño mayor mientras se resuelve de fondo el proceso.
Contexto de la implementación inicial
El fallo judicial se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había comenzado a implementar la vacunación contra el dengue. El 16 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud anunció el inicio de la introducción escalonada del biológico en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Según la entidad, la medida respondía a la alta carga de la enfermedad en el país y se fundamentaba en la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del esquema de vacunación. La estrategia también se alineaba con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Comité Nacional de Prácticas de Immunización (CNPI).
En esta primera fase, la vacunación se focalizó en municipios con alta endemicidad y en una población específica: niñas y niños de 9 años o que cursen cuarto grado en 2026. El objetivo, según el Ministerio, era reducir la morbilidad y mortalidad asociadas al dengue, priorizando a los grupos más afectados.
Argumentos técnicos versus protección de derechos
El Ministerio defendió la estrategia escalonada, indicando que la priorización en niños de 9 años respondía a criterios técnicos, de costo-efectividad y de capacidad operativa del sistema. Además, sostuvo que la ampliación a otros grupos etarios debía hacerse de manera progresiva.
Sin embargo, el demandante sostuvo que la exclusión de niños entre 10 y 16 años constituía una omisión administrativa que incrementaba el riesgo de contagios, hospitalizaciones y muertes. También argumentó que la evidencia internacional respalda la vacunación en ese rango de edad en contextos de alta transmisión.
El tribunal acogió parcialmente la solicitud, ordenando ampliar el grupo beneficiario y garantizar la gratuidad del biológico en los municipios priorizados, aunque no accedió a todas las pretensiones del demandante.
Impacto y perspectivas futuras
Para Dewdney, el fallo representa un avance significativo en la protección de la población infantil. "Se logró que la vacuna sea gratuita para los niños entre 6 y 16 años en los municipios priorizados. Es una lucha importante porque se amplió el margen de población", afirmó el abogado.
El abogado también criticó la política inicial del Gobierno, calificándola como insuficiente frente a la magnitud del problema. A su juicio, la medida adoptada por el Ministerio fue "ineficiente" al limitar el alcance de la vacunación.
La decisión judicial establece un precedente importante en la protección de derechos colectivos relacionados con la salud pública, particularmente en el contexto de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, que afecta significativamente a la población colombiana.
