La ciudad de Cartagena atraviesa una crisis sonora que ha dejado de ser una simple queja vecinal para convertirse en un problema sistémico de salud pública, convivencia y viabilidad económica. Durante años, las páginas de Opinión de El Universal han servido como caja de resonancia ante la pérdida del paisaje sonoro, pues lo que comenzó como una saturación de decibelios en el Centro Histórico y Getsemaní ha mutado hoy en una plaga que se extiende sin control hacia los refugios de paz que le quedan al territorio.
El ruido se expande a Barú
En su reciente columna, titulada “Barú: del ruido y otros demonios”, Pablo Siegert pone el dedo en la llaga sobre esta metástasis del ruido. Siegert advierte con alarma que el fenómeno ya no es exclusivo de la zona urbana, sino que se ha “incrustado” en Barú. Lugares que antes eran santuarios de naturaleza, como Cholón, la Ciénaga de los Vásquez, Santa Ana y Orika, están hoy bajo el asedio de parlantes desbordados, motores e, incluso, pólvora. Como bien señala el columnista, se ha pasado del paisaje de la brisa y la conversación pausada a un entorno de caos sonoro que no reconoce límites ni horarios.
Impacto en la salud y el turismo
Esta problemática, analizada de forma recurrente en los editoriales de este diario, refleja una preocupante falta de civismo y de autoridad. La contaminación acústica no es un asunto menor; es un agresor que afecta la salud mental, el descanso y el equilibrio de la fauna local. Pero, además, Siegert introduce una variable económica crucial: el ruido compromete la viabilidad de los proyectos turísticos sostenibles. Aquellos hoteles que han apostado por un modelo de hospitalidad basado en el respeto y la naturaleza se ven hoy acorralados por la anarquía. ¿Cómo atraer un turismo de alto estándar si el destino no puede garantizar lo más básico: el derecho al descanso?
La banda sonora de la informalidad
El columnista de El Universal acierta al vincular el estruendo con otros “demonios” que acechan a la isla, como la irresponsabilidad de quienes conducen motos náuticas a velocidades suicidas, las invasiones de predios, la fragilidad jurídica y el acoso constante al visitante en puntos críticos como Playa Blanca. El ruido es, en esencia, la banda sonora de la informalidad y la ausencia de ley. Es el síntoma de una ciudad que parece haber claudicado en su deber de imponer orden.
El silencio de las autoridades
Lo más inquietante, como apunta Siegert, es el “estruendoso silencio de las autoridades”. La permisividad ha terminado por normalizar comportamientos que en cualquier destino internacional serio serían objeto de sanciones severas. No se trata de prohibir la alegría, sino de regular la convivencia. El silencio no debe ser considerado un lujo para pocos, sino un derecho fundamental para todos. Como concluye Siegert, todavía estamos a tiempo de evitar que Barú y Cartagena sucumban ante esta indiferencia. Recuperar el control del volumen es, en última instancia, recuperar la decencia de nuestro territorio.
