Nelson Velásquez enfrenta investigación fiscal por concierto en cárcel de Itagüí
El reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, luego de que esta entidad iniciara una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El foco de la indagación se centra en un concierto que el artista ofreció el pasado 8 de abril en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, Antioquia.
Origen sospechoso de los fondos del evento
Las autoridades investigan si el pago correspondiente a dicha presentación musical provino de fuentes vinculadas al narcotráfico y estructuras criminales de Medellín. Este evento, que coincidió con la celebración del cumpleaños de un interno conocido bajo el alias 'Pocho', ha generado una profunda preocupación institucional por las posibles infiltraciones del crimen organizado en el sistema penitenciario.
A través de un comunicado oficial, el intérprete vallenato se pronunció categóricamente sobre el asunto. Velásquez aclaró que su participación respondió exclusivamente a un contrato gestionado por su equipo de trabajo, y que la información que recibió indicaba que la actividad contaba con todas las autorizaciones legales necesarias.
Limitación estricta a la labor musical
El cantante fue enfático al señalar que no tuvo intervención alguna en la organización, logística o en los permisos que permitieron su ingreso y el de su equipo al establecimiento carcelario. "Mi rol se limitó estrictamente a la ejecución musical, como he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional", reiteró Velásquez.
Pese a que las autoridades investigan paralelamente el ingreso irregular de licor y equipos prohibidos al pabellón donde se desarrolló el concierto, el artista subrayó que no mantiene relación alguna con hechos ajenos a su profesión y que su trayectoria siempre ha estado apegada a la ley colombiana.
Disposición colaborativa y medidas institucionales
Finalmente, Nelson Velásquez manifestó su respeto por las instituciones colombianas y su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos. "Manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y colaborar en todo lo necesario", concluyó el comunicado.
Mientras avanza la investigación fiscal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha iniciado procesos sancionatorios contra 11 funcionarios presuntamente involucrados en los permisos y controles del evento. Simultáneamente, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas internos vinculados al caso hacia establecimientos carcelarios en Bogotá, como medida de seguridad y reordenamiento del sistema.
Este caso ha puesto en evidencia las complejas dinámicas que pueden presentarse en los centros penitenciarios del país, donde actividades aparentemente culturales pueden estar siendo utilizadas como fachada para operaciones ilícitas. La investigación determinará las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
